Se pueden hacer muchas precisiones y puntualizaciones de orden legal y administrativo sobre la indemnización millonaria que ahora deberemos pagar, vía Govern, a una promotora inmobiliaria en administración concursal, pero aquí, a fin de cuentas, lo que de verdad importa es que las cosas se han hecho rematadamente mal, lo cual resulta inseguro y muy caro.
Matthias Kühn no es precisamente un modelo de coherencia empresarial ni un ejemplo de equilibrio territorial y social. Su aprensión por el negocio rápido logra ahora buen soporte en una Administración de normas cambiantes, descoordinada, que firma acuerdos en falso para no pagar indemnizaciones y que de todas formas acaba abonándolas más tarde sin salvar intereses y dañando, aún más, imagen y prestigio.
El ciudadano tiene arraigada la impresión de que el entramado de normativas urbanísticas es enrevesado e inseguro por igual. El sistema tampoco conoce la coordinación entre los distintos niveles de la Administración. Lo ocurrido con Muleta II en Port de Sóller –y no hemos acabado de contar a la vista de otros pleitos en marcha en el municipio– no hace más que confirmar tal creencia. Lo peor es que, insistimos, lo hace con unos altos costes que abofetean al administrado.
Digamos también que estas cosas ocurren porque, telarañas legales aparte, la gestión política es insolvente y porque no abunda la voluntad de coordinación y estabilidad en la definición urbanística.
