La plataforma pro camins públics i oberts ha remitido una carta a la comisión insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Consell en la que reclama que «estudie profundamente» la posibilidad de mantener la servidumbre de acceso al mar por Cala Castell «prevista en el PGOU de 1990 y avalada completamente por el Tribunal Supremo de 2001» y que apueste por el «estricto cumplimiento» de la citada sentencia en sustitución del acuerdo adoptado por la misma comisión en 2006 y que «no tenía nada que ver con lo ordenado por el Tribunal Supremo».
En este sentido, la plataforma argumenta que el acuerdo de 2006 «no era una servidumbre de paso o acceso público al mar, sino una regulación por el uso de un camino privado, sin tener en cuenta que si el acceso no es público no hay servidumbre efectiva».
