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Los proyectos municipales que escapan a la Ley Montoro

Los fondos desbloqueados se destinarían a ayudas sociales y empresariales, obras de mantenimiento y fomento de la energía verde, según explican los alcaldes

El ayuntamiento de Deià ya anunció en agosto que sufragaría con el superávit la compra del emblemático casal de Can Vallès.

El ayuntamiento de Deià ya anunció en agosto que sufragaría con el superávit la compra del emblemático casal de Can Vallès.

Los ayuntamientos de Mallorca están expectantes después de que el Gobierno haya anunciado que aflojará parcialmente la tenaza que ejercía sobre la hucha de los consistorios a través de la conocida como Ley Montoro. A la espera de que se concreten los detalles del real decreto que flexibilizará el gasto municipal, los alcaldes han empezado ya a estudiar los proyectos que acometerán con esos fondos. El destino prioritario de esas inversiones será la lucha contra los efectos de la pandemia, a través de ayudas sociales y de impulso económico. Algunos proyectos de reforma y nuevas infraestructuras podrían recibir también un importante empujón.

Por lo que ha trascendido hasta el momento, el real decreto que prepara el Gobierno facilitaría la capacidad de gasto de los consistorios durante este año y el que viene, permitiendo la utilización de sus ahorros. Se ha hablado así de la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario. El decreto permitiría además concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciado en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018.

Sant Llorenç dedicará esos fondos a la obra del puente sobre el torrente.

A nivel estatal, el hecho de aflojar parte de este apretado corsé a las arcas municipales podría suponer la puesta en circulación de unos 15.000 millones de euros, según estima la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En la escala autonómica, la Federació d’Entitats Locals de Balears (Felib) recuerda que el superávit acumulado por las administraciones municipales ascendió a aproximadamente 150 millones de euros, sólo en el año 2019, que, en principio, es uno de lo que desbloquearía Madrid. El total de remanentes acumulado por los ayuntamientos de Balears suma 750 millones de euros, que, estos sí, continuarán maniatados de momento por la Ley Montoro.

A falta de una cifra definitiva de lo que supondrá esta flexibilización del gasto para los municipios de la isla, lo cierto es que contarán con una buena inyección económica. ¿Y eso en qué se traducirá?

Por lo pronto, en más fondos para suavizar las terribles consecuencias de la pandemia.

El consistorio de Santanyí prevé ampliar las dependencias municipales.

“Inversión social y lucha anticovid” serán dos de los ejes de estas actuaciones, como apunta el presidente de la Felib, Toni Salas, alcalde de Costitx. Agrega que, con seguridad, se destinará a inversiones “financieramente sostenibles”, como puedan ser “infraestructuras viarias, inversiones en ciclo del agua, energía renovables”.

Salas detalla asimismo que las inversiones tomarán como referencia el plan de reactivación económica firmado por Govern Consell, Felib y diversos actores de la sociedad civil; un plan que habla, entre otras cosas, de fomentar la ocupación de calidad, un nuevo consumo de proximidad y el impulso a la transición energética.

En esa línea, aprovechará esos fondos extra el ayuntamiento de Calvià. Su alcalde, Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), asegura que aún están a la espera de que el Gobierno concrete su anuncio, pero avanza que, si es posible, dedicarán ese dinero a “continuar con las ayudas sociales y de impulso al sector productivo”, de acuerdo con lo ya explicitado en el plan municipal de recuperación económica. Otro ámbito en el que, asegura, se podría aprovechar esa inyección económica es en la mejora de espacios urbanos y, “fundamentalmente”, inversiones en vivienda pública, como, por ejemplo, la licitación en breve de 99 viviendas sociales en Santa Ponça.El listado de proyectos a realizar si finalmente se desbloquean esos fondos del superávit municipal pasa también por la energía verde, como lo evidencia el consistorio de Sóller -con Carlos Simarro como alcalde por el PP-, que ya hace cálculos para destinar ese dinero a la instalación de placas solares en el pabellón deportivo de Son Angelats. En el municipio vecino de Deià, su alcalde, Lluís Apesteguia (Agrupació DEIA), ya anunció el pasado mes de agosto una ambiciosa apuesta: comprar el emblemático casal de Can Vallès. A ello, explica, hay que añadir las ayudas sociales y para autónomos y empresarios, con el fin de paliar las secuelas económicas de la pandemia. En total, algo más de dos millones de euros. A suavizar las consecuencias económicas de la pandemia se aplicará también el ayuntamiento de Santanyí.

Sóller instalará placas solares en Son Angelats.

La alcaldesa Maria Pons (PP) acaba de anunciar una línea de ayudas para el tejido productivo del municipio, que está previsto cubrir en parte con ese hipotética desbloqueo de fondos.

En el Consistorio, afirma, tienen claro que, cuando llegue ese dinero, se dedicará a mejoras para la ciudadanía. Y cita en este sentido los proyectos ya esbozados en el programa electoral de nuevo almacén de la brigada y de reforma de las dependencias municipales con la integración del edificio anexo que compró la administración hace dos años.

La habilitación de la nueva plaza de Portopetro en el lugar donde se derribó un antiguo hotel constituye otro de los planes en cartera. En el listado de planes a ejecutar por parte del ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, la financiación se utilizaría para asumir su parte correspondiente de la obra del puente del Torrent del Carrer Major que destrozó la torrentada de 2018, aproximadamente, unos 400.000 euros.

El alcalde Mateu Puigròs (GISCa) menciona asimismo como actuación a ejecutar con esos fondos la reforma de la escoleta de cero a tres años.

En todo caso, los alcaldes reconocen que aún son cautos a la espera de conocer la letra pequeña del real decreto estatal que abriría la puerta a una mayor flexibilización del gasto. Así lo remarca el alcalde de Artà, Manolo Galán (PSOE), quien asegura que los proyectos que tiene en mente el gobierno municipal están relacionados con las áreas de mantenimiento y de servicios sociales.

También expresa cautela el ayuntamiento de Manacor presidido por Miquel Oliver (Més-Esquerra), que señala: «Todavía no cantamos victoria. Estamos esperando que la medida salga publicada en el BOE».

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