Dos arquitectos municipales de ses Salines explicaron ayer en el juicio a la exalcaldesa Maria Bonet, que sufrieron graves represalias y acabaron suspendidos de empleo y sueldo por haber denunciado ante la fiscalía en 2015 presuntas irregularidades urbanísticas. «Cuando supieron que habíamos presentado una denuncia, entraron en pánico», sentenció uno de los funcionarios, que detalló diversas ilegalidades y tratos de favor. Bonet, por su parte, negó que hostigara a los denunciantes y ha afirmado que tardó varios meses en ser informada de sus acusaciones. La fiscalía pide a la exalcaldesa tres años de cárcel por prevaricación, obstrucción a la justicia y acoso laboral.

Uno de los denunciantes, que era entonces jefe del área de Urbanismo, explicó que por su cargo fue teniendo conocimiento de «actuaciones que eran premeditadamente ilícitas» y «muy evidentes». Habló de adjudicaciones a dedo a determinados empresarios y paralizaciones de expedientes de disciplina urbanística. El testigo hizo referencia a las obras de ampliación de un hotel sin licencia como detonante de la denuncia. «Quería quitarme responsabilidades. Yo tenía muy presente un caso muy similar en el que hubo un derrumbe y murieron cuatro obreros», un siniestro ocurrido en 2008 en Cala Rajada. El arquitecto acudió a la fiscalía el 19 de febrero de 2015 para presentar la denuncia y a principios de marzo la alcaldesa le espetó: «No me esperaba esto de ti», deslizando el testigo que Bonet sabía ya entonces que la había denunciado. A partir de entonces, el funcionario aseguró que comenzó una campaña de acoso por parte de la alcaldesa. «Entraron en pánico. Nos bloquearon el registro y querían que entregáramos directamente los documentos con un acuse de recibo. Esta situación fue empeorando». 

Los dos funcionarios fueron expedientados y sancionados «con acusaciones falsas». El arquitecto dijo que el instructor del expediente era un «director general del Govern del mismo partido que la alcaldesa» [el Partido Popular]. «La sanción estaba escrita antes de que acabara la instrucción».

La alcaldesa, por su parte, rechazó todas las acusaciones. Explicó que no supo de la denuncia hasta septiembre de 2015 y la ha vinculado a un conflicto con el arquitecto por unas obras en el aparcamiento del colegio de la Colònia de Sant Jordi que «él había modificado». Bonet negó que se les prohibiera usar el registro, sino que todas las comunicaciones internas se hacían de forma directa, y aseguró que no rechazaba sus documentos, sino que prefería «leerlos antes de firmarlos». «No se iban si no los firmaba. Era un acoso...», recordó. También negó que paralizara trece expedientes de disciplina urbanística y dijo que destituyó a uno de los denunciantes como jefe de Urbanismo «por pérdida de confianza». Respecto a los expedientes disciplinarios, argumentó la exalcaldesa que se abrieron al detectar indicios de que «no obraban correctamente» y que un técnico externo hizo un informe al respecto. Fueron sancionados cuando ella ya no era alcaldesa.