Las terrazas de bares y restaurantes son un lugar codiciado y aún al alza. Basta mirar cómo la actual desescalada del confinamiento se está mesurando casi en exclusiva a ritmo de terraza posible. Sabemos la distancia que debe haber entre las mesas exteriores de los bares pero todavía no la que resulta aconsejable por lo que respecta a los pupitres escolares o el mismo aforo de los patios de recreo. Las prioridades están establecidas. Así nos va.
La cuestión viene de lejos y por el camino han quedado desvirtuadas muchas plazas de pueblo rendidas a la explotación particular, aún cuando sus dimensiones dan espacio de sobra para la convivencia de lo público y lo privado.
Se han consolidado demasiados vicios y deformado costumbres amarradas con cordel de opulencia a la práctica de los derechos dados por adquiridos de forma unilateral. Por eso mismo, cuando un ayuntamiento intenta poner coto a la permisividad no es extraño que tope con resistencias que pueden llegar al ámbito judicial, aunque solo sea con el mero propósito de presionar y ganar tiempo. La solidez jurídica de la demanda importa menos.
Parece ser que esto es lo que ha pasado en Port de Pollença con una terraza de la playa de Albercuix a la que el ayuntamiento no renovó la licitación por excesiva ocupación del espacio público. La empresa explotadora reaccionó con un contencioso contra la medida municipal y una querella por prevaricación para el alcalde y edil de Urbanismo de la época. La Justicia ha acabado clarificando que el Ayuntamiento tomó decisiones ajustadas a la legalidad. Mientras, la terraza ha seguido en pie. Ahora solo hace falta que se devuelva al espacio público lo que debe estar disponible para uso de todos.
