El pleno autoriza a Emaya la instalación de 2.000 puntos de recarga para coches eléctricos

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado, con el voto en contra del PP y Ciudadanos y la abstención de Vox autorizar a la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (EMAYA) la instalación, gestión, explotación y mantenimiento integral de la red pública municipal de puntos de recarga para coches eléctricos.

Se trata de una actividad no contemplada en estos momentos en los estatutos de esta sociedad mercantil, que ya fueron modificados en el pasado mandato para poder convertirse en una empresas comercializadora de energía eléctrica.

La propuesta, que contempla la instalación de 2.000 puntos eléctricos de recarga a lo largo de la ciudad antes de 2030, ha sido contestada por los grupos municipales del PP y Ciudadanos, que consideran que debería dejarse esta actividad a la iniciativa privada y, en consecuencia, han votado en contra.

El concejal conservador Julio Martínez ha manifestado, aceptando que la ciudad tiene un déficit de electrolineras y que ello puede incidir negativamente en la renovación de la flota y de la la existencia de un consenso de que la ciudad necesita más puntos de recarga, su grupo municipal apuesta para conseguirlo por la colaboración público privada, con un modelo similar a las actuales gasolineras convencionales en las que el Ayuntamiento cede en unas determinadas condiciones el suelo público para su instalación a empresas privadas. A su juicio, Emaya debe canalizar sus esfuerzos en las cuestiones de su competencia, como son el suministro de agua potable y el mantenimiento de la limpieza de la ciudad, aspecto que ha afirmado que "no está mejor que en 2015".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, ha manifestado que se trata de una propuesta que atenta contra la libertad de empresa porque, a su juicio, Emaya va a ejercer un verdadero monopolio sobre la recarga de coches eléctricos, algo que ha sido negado por el teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Ramón Perpinyà.

Perpinyà ha defendido la conveniencia de que esta empresa municipal asuma esta nueva competencia y ha manifestado que puede hacerlo por disponer de un equipo técnico de ingenieros que pueden ejecutar el proyecto. Ha recordado asimismo que la propuesta cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, que aportará el 45% de su coste.

En una primera fase, que se iniciará en breve y se prolongará a lo largo del presente año, se van a instalar 260 puntos de recarga con un coste de alrededor un millón de euros. Estas primeras electrolineras de este proyecto se instalarán en espacios abiertos de empresas municipales como la SMAP o el aparcamiento de Son Moix. Se prevé que en 2030 se hayan instalado 2.000 puntos con un importe de 15 millones.

Perpinyà ha manifestado asimismo que se calcula que en un futuro Palma va a necesitar 10.000 puntos de recarga eléctricos para atender las necesidades de la flota en 2030, de ahí que queda un amplio margen para la iniciativa privada.

Si bien estos puntos de recarga estarán abiertos al público en general el suministro eléctrico no será gratuito sino que estará sujeto a una tasa que, en principio, no superará el precio del mercado de la energía que se suministre. Con esta medida se pretende también evitar la posible especulación futura del suministro.