Cort todavía no tiene fecha para implantar la Zona de Bajas Emisiones en el centro

Palma no tendrá una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en 2023. Por lo menos en los primeros meses del año, aunque la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes contar con áreas de restricción al tráfico de los vehículos más contaminantes a partir del 1 de enero de 2023.

Muy pocos ayuntamientos de España han cumplido con esta normativa, y el de Palma no es una excepción. Cort, de hecho, todavía no tiene fecha para implantar la ZBE, aunque sí es cierto que es una de las medidas que contempla el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), ya aprobado de forma definitiva en pleno municipal en 2022.

Si del PMUS impulsado esta legislatura ya se cumple una parte importante de las medidas que contempla, de las zonas de bajas emisiones todavía no hay nada concretado, aunque el punto seis del plan propone textualmente: «Implantación de la zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad, donde existe una excelente oferta de transporte público. Objetivo: mejorar la calidad del aire reduciendo las emisiones de Co2 provocadas por el tráfico».

Aunque el PMUS, que define las líneas estratégicas en materia de movilidad hasta el año 2030, contempla esta medida como una de las iniciativas estrella para mejorar la calidad del aire en la ciudad, desde el ayuntamiento de Palma todavía no han determinado cuestiones como qué coches no podrán entrar, dónde se ubicará exactamente el área (solo se sabe que estará en el centro) y mucho menos la fecha en la que se implantará.

La concejalía de Movilidad Sostenible que dirige Xisco Dalmau se ha fijado el 31 de diciembre de 2023 como plazo límite para tener lista la Zona de Bajas Emisiones. Desde esta área alegan que crear una ZBE requiere de, entre otras cosas, aprobar una ordenanza con numerosas cuestiones técnicas y jurídicas, y por tanto poner en marcha la lenta maquinaria burocrática.

De hecho, la propia Federación Española de Municipios y Provincias solicitó en julio del año pasado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ampliar el plazo de entrada en vigor de esta medida «por imperativo de los plazos administrativos».

El secretario general de la organización ya vio la premura del tiempo a mitad de 2022 y trasladó la preocupación de las entidades locales a la ministra, que al parecer no cedió y rechazó conceder ese tiempo extra bajo el argumento de que los municipios conocían las directrices de aplicación desde noviembre de 2021, cuando el departamento que lidera Teresa Ribera presentó una guía para poner en marcha la medida.

Aún así, el real decreto que regula las zonas de bajas emisiones no se aprobó hasta finales de diciembre, después de un periodo de exposición pública y tramitación. Cabe decir que apenas una veintena de consistorios en todo el país han llegado a tiempo. Algunos argumentan la falta de ese real decreto para no cumplir con la ley, y otros, como el de Palma, han interpretado libremente la fecha en la que estaban obligados a ponerlo en marcha, puesto que hasta ahora la norma solo especificaba que debía estar lista «antes de 2023».

Aunque el gobierno municipal ha rechazado ofrecer ningún detalle sobre cómo se planea desarrollar la ZBE en Palma, sí se sabe que los coches deberán tener distintivos ambientales para circular por el área. De todas formas, habrá excepciones: por ejemplo, los coches que no tengan el distintivo tendrán acceso libre 10 días al año previo aviso al ayuntamiento 24 horas antes. También podrán acceder vehículos de asistencia y de personas con movilidad reducida, y las personas con ingresos por debajo de la renta mínima que necesiten el coche para trabajar tendrán una moratoria para dos años. Todo esto, a la espera de ver cómo prepara esta normativa en concreto el ayuntamiento de Palma.

De momento, el PMUS propone implantar la Zona de Bajas Emisiones en tres fases. La primera, a ejecutar en 2023, sería en el anillo interior de Avenidas, y las otras dos (en 2027 y 2030) están por determinar en función de los objetivos climáticos. Plantea también, además de limitar la circulación en función del coche, restringirla según el motivo del viaje, además de limitar el aparcamiento. Igualmente, se implantará, según el PMUS, todo un sistema de control de accesos con cámaras y señalización.

A falta de datos oficiales, un estudio de la marca Sumauto presentado el pasado mes de octubre cifró en 100.000 los vehículos en Baleares que no cuentan con la etiqueta preceptiva para entrar a las tres ZBE que se implantarán en las islas. Esto es, un tercio del total de los automóviles que verían comprometida su circulación.

Según esta investigación, de las tres ciudades del archipiélago que deben cumplir con esta normativa (por tener más de 50.000 habitantes), Eivissa es la que se vería más afectada, puesto que un 38,5% de su parque móvil tiene más de 20 años. Palma aparece en segundo lugar, con un 35,9% y Calviá con un 33,5%.

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