El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma ha rechazado las declaraciones del presidente de Mallorca Sense Fam, Joan Martorell, y ha afirmado que las oficinas "nunca estuvieron cerradas, aunque se regulara el acceso a ellas mediante citas previas, algo absolutamente necesario para controlar la propagación de la covid-19 en aquellos momentos". En este sentido, desde Bienestar Social, se ha asegurado que el grueso de las demandas "se canalizaron a través de las líneas telefónicas y telemáticas", siguiendo siempre las instrucciones marcadas por los decretos de sanidad, que regulaban los servicios esenciales, recordando siempre que la prioridad era no salir de casa y ofrecer la ayuda imprescindible para vivir el confinamiento dignamente".

El teniente de alcalde Antoni Noguera ha lamentado "profundamente" las declaraciones de Martorell, que ha considerado "especialmente injustas con todas las profesionales que se mantuvieron atendiendo a los usuarios en los peores momentos de la pandemia".

Asimismo, afirma que las cifras son claras. En marzo de 2020 se atendían 600 peticiones de ayudas diarias, en abril esta cifra se había incrementado hasta alcanzar las 3.000, incrementando también en un 78% las ayudas respecto al mismo trimestre del 2019. En mayo el incremento ya era del 150% y en junio ya se habían atendido a 6.000 familias. Asimismo, el gasto en ayudas sociales urgentes se disparó pasando de los 4 millones de 2019 a 11 millones en 2020, que llegaron a 10.000 familias, cuando en 2019 se habían atendido a 3.800.

"Evidentemente este despliegue de ayudas no se habría alcanzado nunca con las oficinas cerradas" se insiste desde Bienestar Social, aunque aceptan que se pudo hacer "con una transformación absoluta de los equipos técnicos con el único objetivo de atender prioritariamente a las familias vulnerables".