La crisis habitacional en Palma no da tregua pese a que se ha superado la pandemia provocada por la covid-19. De hecho, la oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Palma, puesta en funcionamiento por la concejalía de Modelo de Ciudad en julio de 2015, ha abierto en los tres primeros meses del año un total de 228 expedientes, lo que supone una media de 76 mensuales, cifra ligeramente superior a la alcanzada a lo largo del primer trimestre del año pasado, que fue de 60 y muy por debajo de los abiertos a lo largo de 2020 en plena pandemia que fue de 85 mensuales.
Tal como explicó ayer el director general de la Vivienda de Cort, Josep Maria Rigo, de los 96 lanzamientos programados por los juzgados a lo largo de estos tres primeros meses del año se han conseguido parar o aplazar mediante la redacción de informes de vulnerabilidad de las personas afectadas, un total de 52, lo que representa algo más de la mitad, el 54%.
Este porcentaje, no obstante, tal como explicó Rigo, es inferior al conseguido en 2021, cuando se pararon el 73% de los desahucios programados (313 de 428), aunque se debe que tener en cuenta que el número de lanzamientos también ha disminuido como consecuencia de la suspensión decretada por el Gobierno central que está en vigor hasta el próximo mes de septiembre. Para Rigo, el funcionamiento de la oficina, que en sus seis años de funcionamiento ha tramitado más de 5.000 expedientes, tiene aún mucho margen de mejora, en especial por lo que se refiere a los desahucios que afectan a viviendas propiedad de entidades bancarias y grandes tenedores y los denominados «fondos buitre» en relación a la mediación para reestructurar la deuda y alquileres sociales.
De hecho, tal como ha afirmado «este año no se ha conseguido que ninguna entidad bancaria haya concedido un alquiler social y, desde que se abrió la oficina, de las 401 solicitudes tramitadas en este sentido se han concedido 148, lo que supone un 37%.
Por lo que respecta al alquiler social negociado con entidades bancarias, en estos seis años se han realizado 401 solicitudes, de las cuáles 22 se encuentran en estos momentos en proceso, 148 han sido concedidas y 231 han sido denegados.
De los 148 alquileres sociales conseguidos, la mayoría de ellos se aprobaron en 2016, con 61 alquileres sociales aprobados, seguido en 2015 con 28 casos y 2017 con 15. En 2020 solo se concedieron 8, dos en 2021 y ninguno en lo que llevamos de año.
Escasa colaboración
Rigo manifestó que desde el Ayuntamiento se ha «echado en falta la colaboración de las entidades bancarias, y así lo demuestran las cifras», además de remarcar que «la ratio de éxito de la mediación con las entidades financieras es baja», pese a que «se realizan muchos intentos de mediación».
En relación al perfil de las personas que acuden a la oficina, la mayoría son mujeres (un 60%) y un 40% tienen entre 31 y 65 años. Las unidades de convivencia más frecuentes están formadas por parejas con hijos, las monoparentales (con el 90% de mujeres) o personas que viven solas.
El barrio de Son Gotleu encabeza la zona de la ciudad con más expedientes abiertos, seguido de Pere Garau, Foners, el Camp Redó, Bons Aires, Plaça de Toros, Son Cladera, Cas Capiscol y Son Canals.
Según Rigo, las cifras reflejan tambén que las familias deben realizar un gran esfuerzo para pagar el alquiler, pese al contexto económico de recuperación, que en los últimos meses ha coincidido con un incremento considerable de los precios, que también han repercutido en los alquileres. De esta forma «hay familias que destinan al alquiler más del 50% de sus ingresos», aseguró.
Cort considera que toda la ciudad debe ser «zona tensionada»
Desde la concejalía de Modelo de Ciudad se aboga por declara toda Palma como zona tensionada a efectos de poder limitar el precio de los alquileres, una posibilidad que se contempla en la modificación de la ley estatal de la vivienda. Según el director general de la Vivienda, José Maria Rigo, habrá que esperar a la aprobación de la ley para conocer las posibilidades de limitación de precios.
