Unos 80 trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), entre los que se incluyen futuros chóferes de los 140 que conforman la actual bolsa de trabajo, se concentraron ayer ante la sede de la compañía situada en la calle Anselm Clavé, exigiendo el cese o la destitución del actual director gerente, Mateu Marcús.

Por su parte, el alcalde, José Hila, volvió a responder a las reivindicaciones de este colectivo, que también reclama la contratación de más chóferes, y manifestó que ahora «no se trata de pedir más, sino de mantener los puestos de trabajo que tenemos».

Al respecto, recordó que la empresa, debido a la pandemia, ha perdido el 50% de su pasaje y el 60% de los ingresos, pese a lo cual no solo se han mantenido todos los puestos de trabajo, sino que se ha subido el sueldo un 2% tal como estaba previsto

Por ello hizo un llamamiento a los trabajadores para que «remen en el mismo sentido que el equipo de gobierno» que, a su juicio, ha demostrado su firme apuesta por el transporte público con la adquisición de 100 nuevos autobuses y la inyección económica de 14 millones para hacer frente a las pérdidas del pasado año. No obstante, los portavoces del comité de empresa, convocante de la concentración de ayer, Andrés Cepas y Juan Antonio Salamanca insistieron en el cese o destitución del director gerente, Mateu Marcús, por varios motivos. 

Incumplimientos

Entre ellos, el incumplimiento del acuerdo firmado en mayo de 2020 para la devolución de la distribución irregular de jornada, y de la mayoría de los puntos del acuerdo para la desconvocatoria de la huelga realizada en septiembre del año pasado, algo que la empresa niega hasta el punto de que su presidente, Francesc Dalmau, afirma que se han cumplido o están en proceso trece de los 15 puntos del acuerdo alcanzado y los demás aún están en plazo.

También insisten en que se está incumpliendo el convenio colectivo que obliga a respetar el criterio de la antigüedad a la hora de la asignación de líneas y «la gran cantidad de expedientes disciplinarios que se están poniendo a los trabajadores, así como «el aumento desmesurado de los días de sanción como represalia por el apoyo total que hicieron a la huelga de septiembre de 2020.

Expedientes y vulneración de derechos sindicales

Entre las reclamaciones de los manifestantes se incluye asimismo «la constante vulneración de los derechos sindicales». Al respecto, recuerdan que la empresa ya acumula tres sentencias en contra por este motivo y que aún quedan diez juicios pendientes. Insisten asimismo en que en ninguna otra empresa municipal se han llevado a cabo tantos «atropellos a sus trabajadores» porque, entre otras cosas, en ninguna se ha implantado la jornada irregular ni se ha obligado a coger vacaciones a los trabajadores. Ciudadanos Palma ha pedido a la dirección que cumpla con lo acordado con los trabajadores y ha acusado a la dirección de «no tener palabra».