La intervención de la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, en una de las comisiones previas al próximo pleno municipal, también sirvió para reclamar al Ayuntamiento que se corrijan los errores cometidos con la familia de Óscar Kapcer, joven con discapacidad, que fue desahuciada en 2019 sin una vivienda alternativa y adaptada.
Para Moilanen, el caso no está cerrado ya que «queda por ver en qué situación queda esta familia. Es un expediente paradigmático, porque es un caso que pone en evidencia una serie de deficiencias en la administración que hay que corregir».
La Defensora añadió que ha habido reconocimiento de los fallos «pero no se ha dado con la mejor fórmula de solventarlo». «No se trata de buscar culpables, sino de saber dónde está el error y cómo se puede rectificar», añadió.
Posteriormente, la Defensora explicó que hay que mejorar la valoración de las situaciones de pobreza sobrevenida y el protocolo de adjudicación de una vivienda, así como el formato de la documentación de las administraciones públicas y abordar «el tema más duro, la exclusión de esta familia de las listas del Ibavi en base a una actuación errónea».
Óscar Kapcer y sus padres fueron desahuciados de su piso de alquiler en diciembre de 2019, rodeados de un amplio dispositivo policial y con el apoyo de numerosos activistas antidesahucios.
Pese a las negociaciones, la familia no consiguió una vivienda en Palma. Como alternativa, se les ofreció instalarse en la Part Forana, propuesta que rechazaron ya que Óscar tenía a sus médicos de referencia en Ciutat.
El caso de Óscar Kapcer llegó a la Defensora, que resolvió que Cort había vulnerado el derecho de la familia a ser candidata a la adjudicación de una vivienda municipal adaptada.
