Palma es una de las ciudades donde el alquiler de la vivienda tiene los precios más elevados. Quien puede pagarlos, se deja más del 60 por cien de su sueldo. Otros tienen que compartir casa. O acogerse a alquiler social, si se lo dan. Los desahucios por impago del alquiler se cuentan por cientos y también por finalización de contrato y no poder asumir las subidas. Tras cada uno, una herida sangrante en una comunidad gobernada por la izquierda. Encarnación López Puertas conoce bien el tema. Vive en una de las Viviendas de Protección Oficial de s'Estel, ahora propiedad del fondo de inversión Alquileres sa Gerreria S.L. Paga el alquiler pero no tiene contrato. Ha presentado un recurso.
"Sa Gerreria es la historia de una especulación inmobiliaria de manual", sostiene. Es una de las inquilinas que resiste al "acoso orquestado" por la actual propietaria, el fondo buitre que no dudó en ponerlas en alquiler turístico. López Puertas recuerda que "todo este escándalo se gestó en tiempos del PP, pero la izquierda progre, que podría haber adoptado medidas, no lo ha hecho porque también alquila sus casas". El eco del despliegue policial "muy agresivo" en los desahucios resuena.
P Usted es profesora interina de Historia del Arte. ¿Qué le paso?
R En 2009 firmé un contrato de alquiler de una VPO en un barrio que en aquel momento estaba abandonado. Pagaba un alquiler de 520 euros más gastos de comunidad, el máximo. El piso no tiene más de 50 metros cuadrados, suficiente para una sola persona. Viví dos años pero me enviaron a Formentera a trabajar. En 2011, en plena crisis, y ya de vuelta, pedí un descuento. Me lo concedieron. Pagaba 450 euros. Empezamos a escuchar rumores de la venta de pisos a manos de un banco, aparecían nuevos gestores. Empecé a sospechar que algo raro estaba pasando en este nuevo barrio.
P ¿Qué estaba pasando?
R Me remontaré al inicio cuando s'Estel Nou construye los bloques y para maquillar la expulsión de los vecinos de sa Gerreria se levantó VPO (Viviendas de Protección Oficial) de alquiler protegido durante 10 años. Entre ellos, el que alquilé. Un total de 45 viviendas en tres bloques, que fueron comercializados pero con la crisis muchos se quedaron sin vender. A los compradores de viviendas libres se les ofreció la subrogación de la deuda pendiente de la hipoteca pero ni así se vende. Las hipotecas de Sa Nostra estaban a nombre de s'Estel. Con el banco malo y la absorción de Sa Nostra por BMN, el activo inmobiliario pasó a la Sareb que también absorbió los tres bloques de VPO. Los compra Agopoli Bussiness, cuyo dirigente es un exdirectivo de BMN. La empresa Ayco Grupo Inmobiliario gestiona los contratos de alquiler y empiezan las relaciones turbulentas con los vecinos. A partir de 2018, los recibos de alquiler vienen a nombre de Alquileres sa Gerreria, el fondo de inversión. Pero un año antes empezaron las expulsiones, las amenazas con subidas de alquiler. Era una estrategia disuasoria para que dejásemos los pisos y dedicarlos a alquiler turístico.
P ¿Usted recibió amenazas?
R Sí, y no recibí más porque no me presto a ello. Al venderse al fondo de inversión vi que todo era muy agresivo y me informé. Mujer y viviendo sola te hace más vulnerable, pero tengo un máster en buscarme la vida.
P ¿Cómo juzga la actuación de la Administración?
R Lo denunciamos los inquilinos, salió en prensa y las amenazas aumentaron. Me ficharon como persona non grata. Recibí una carta de que no se me prorrogaba mi segundo contrato de alquiler. En 2018. Me puse en manos de una abogada, y mientras empecé a preguntar a la conselleria, que siempre contestó con evasivas. Sí, les multaron con cantidades irrisorias. Creo que deberían haber actuado de oficio. Una multa de 3.000 euros es de risa frente a un entramado de especulación inmobiliaria con participación de ex altos directivos de Sa Nostra que ha dejado a personas en la calle.
P ¿Usted sigue en su piso sin contrato de alquiler?
R Las VPO tienen un régimen de 30 años; nunca vi de 10. Cuando pregunté en la conselleria de Habitatge su única respuesta fue que el expediente de los tres bloques era "especial". Estamos ante una injusticia social con un problema gravísimo: la falta de vivienda. Y va a ir a más pero resisto. En julio de 2019 la propiedad y la conselleria dicen que la renta concertada de protección oficial ha acabado. Ese mes se celebró mi juicio de desahucio por finalización de contrato. Yo sigo pagando el alquiler y en efectivo para evitar su devolución. Se ha vulnerado mi derecho y el de mis vecinos a ejercer el derecho de tanteo y retracto.
P ¿Cuántos inquilinos quedan?
R Un sesenta por cien se han ido en distintas tandas. El clima es muy tenso. Hace unas semanas se celebraron dos juicios por desahucios de vecinos del bloque y el de Selim, con una situación muy vulnerable. Ciutat per a qui l'habita fue testigo de las amenazas de la propiedad, que no ha dudado en contratar a personas armadas con porras que nos vigilan. Han cambiado la cerradura, tapiado las rejas para crearnos inseguridad.
P Usted pertenece al colectivo Ciutat per a qui l'habita.
R Sí, y gracias a su apoyo como al de otros grupos, aguanto. Sola no hubiera podido. Me han dado fuerza, ánimo. Todo el sistema está pensado para que te culpabilices. Somos un pequeño gueto dentro del barrio.
P ¿Ve salida?
R El centro es un parque temático para los turistas y a este paso ya no se va a poder alquilar ni en Son Gotleu. Pero resistimos con base legal. En s'Estel hay una mafia con nombre y apellidos. Los conocemos. Vamos a luchar hasta donde haga falta. No me planteo ningún límite. Lucho contra esta injusticia social.
