El Ayuntamiento de Palma incumple, desde hace cuatro meses, las leyes que le obligan a aprobar la cuenta general de su último ejercicio económico, en este caso el de 2017, para entregársela a la Sindicatura de Cuentas.
La Sindicatura de Cuentas ha hecho público que el consistorio, junto con otros nueve ayuntamientos, los consells insulars de Menorca y Formentera y las mancomunidades del Raiguer y la Tramuntana, vulneran la ley que regula el organismo de fiscalización económica y la Ley de las Haciendas Locales.
La Sindicatura ha reclamado formalmente en dos ocasiones la cuenta general de 2017, con los requisitos requeridos cumplimentados, a las instituciones citadas, pero sus requerimientos no han tenido resultados.
El Ayuntamiento de Palma entregó su cuenta general de 2017 pero "no consta" que el pleno la haya aprobado, mientras que los consistorios de Alaró, Sineu, Petra, Sant Joan, Santa Eugènia y Fornalutx no la han entregado. El de Puigpunyet tiene pendiente tanto el de 2017 como el de 2016.
Estos consistorios, junto con los dos consells insulars y las dos mancomunidades incumplidoras tuvieron en 2017 presupuestos que sumaban el 52,3 % del total de las administraciones locales de Baleares.
