Después de que la Sindicatura de Cuentas haya reprobado la falta de control sobre las subvenciones concedidas por Palma durante 2014, ayer el Ayuntamiento indicó que ya cuenta con algunas de las medidas correctivas que sugería este informe fiscalizador, como una ordenanza para regular la concesión de ayudas.
En su informe sobre las subvenciones, convenios y contratos realizados por el Ayuntamiento y sus entidades dependientes durante el año 2014, cuando el PP gobernaba en Palma, la Sindicatura de Cuentas ha detectado que las ayudas se concedieron sin ajustarse a la legalidad y sin garantizar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación. Además, la fiscalización de los expedientes municipales constataba, en ese ejercicio, la falta de una ordenanza reguladora para conceder subvenciones, normativa de la que el Ayuntamiento ya dispone, según confirmaron ayer fuentes municipales.
En una nota, el Ayuntamiento explicó que aprobó en febrero de 2015 una ordenanza reguladora de las bases específicas para la concesión de subvenciones.
Además, como también reclama la Sindicatura, ya ha elaborado un plan estratégico anual de subvenciones en esta legislatura, aprobado por pleno y que se disgrega por áreas "para dar mayor transparencia".
"Al mismo tiempo, hemos implementado un programa informático específico para la tramitación de las subvenciones, consiguiendo que el proceso seguido sea más claro y transparente", añadió el consistorio en su comunicado.
Una vez recibido el informe de la Sindicatura de Cuentas, el departamento de Intervención estudia el documento "para proceder en consecuencia a sus conclusiones y recomendaciones".
Aparte de la ordenanza reguladora de concesión de subvenciones y del plan estratégico anual, el Ayuntamiento informó ayer que las ayudas directas "se limitan ahora a las estrictamente necesarias y justificadas, y siempre desde la perspectiva de la máxima publicidad y transparencia".
La Sindicatura de Cuentas ha fiscalizado 27 expedientes de subvenciones que suponen el 44,3% del importe total destinado a ayudas, de los que afirma que no se ajustaban al principio de legalidad.
En cambio, el examen de contratos y convenios, pese a irregularidades, sí se ajustó en 2014 a la ley, según la Sindicatura.
