Desde el Ayuntamiento ayer se incidió en que la inspección tendrá sus consecuencias a muy corto plazo. Las sanciones a los locales de ocio inspeccionados pueden oscilar desde los 300 euros, para infracciones leves, hasta los 100.000 euros para las muy graves. Además, dependiendo del incumplimiento de la normativa, se puede decretar el cierre del local, explicó ayer José Hila, regidor de Urbanismo.

A modo de ejemplo, Hila comentó que tener la puerta de emergencia bloqueada conllevará el cierre inmediato del local. La falta de licencia, además de una sanción económica, también implicará el cierre cautelar del establecimiento, añadió el regidor.

La falta de coordinación entre las áreas que impulsan esta campaña de inspección ha provocado que, por disparidad de criterios, algunas actas no se hayan tramitado o que finalmente no se haya impuesto una sanción, comentaron ayer Hila y Angélica Pastor, regidora de Seguridad Ciudadana. Ahora, la coordinación del departamento de Actividades y la Policía Local, que han acordado un protocolo de inspección, permitirá que "las sanciones lleguen y que las medidas cautelares, como el cierre del local, sean ejemplarizantes", comentó la concejala.

En estas inspecciones, los agentes solicitarán la licencia de actividades y comprobarán que corresponde con lo que allí se realiza o si han cambiado las condiciones del establecimiento desde que fue otorgada.

Además, se revisarán las medidas de seguridad y los aforos, para saber si se controla el acceso de gente al local y si se vigila el exterior para evitar la aglomeración de personas que causa ruido.