Varias entidades amenazan con llevar a Cort ante Fiscalía por el alquiler turístico

El GOB, Terraferida, Ciutat per a qui l'habita y la Federació d'Associacions de Veïns de Palma denunciarán al Ayuntamiento si incumple el acuerdo de prohibir el alquiler turístico en los pisos que se aprobó en el pleno del mes de julio. Todas estas entidades se han unido para elaborar el manifiesto 'Ni una plaza turística más en Palma' en el que piden extender la prohibición del alquiler vacacional también a las viviendas unifamiliares y al suelo rústico del municipio.

Joan Forteza, en nombre de estas entidades, aseguró ayer que no aceptarán excusas para no prohibir el alquiler en edificios plurifamiliares, tal como se aprobó a propuesta de su federación vecinal, hace ya varios meses en un pleno. "No es opinable el acuerdo que tomó el Ayuntamiento de Palma en julio. Por tanto, según cual sea este pronunciamiento, naturalmente nosotros nos planteamos presentar una denuncia a Fiscalía por falta de aplicación de este acuerdo".

Las diferentes entidades que presentaron ayer el manifiesto transmitieron su "preocupación" por el "crecimiento desmesurado" de plazas turísticas en Ciutat. En ese sentido, Forteza indicó que pese a la moratoria para nuevos establecimientos hoteleros en Palma, se están tramitando las licencias de 60 nuevos hoteles boutique, que supondrán 3.009 plazas más. En estos momentos, Ciutat cuenta con una oferta de casi 60.000 camas, añadió Forteza, de las que 40.000 corresponden a hoteles.

Rechazo a más turismo

"Ha llegado el momento de decir basta a este incremento", insistió el portavoz de las entidades ciudadanas y ecologistas. "No podemos permitir más consumo de territorio, más destrucción de nuestro medio ambiente y no podemos permitir dedicar más servicios a la actividad turística en detrimento del servicio que el Ayuntamiento da a nuestra ciudad".

Respaldado por la portavoz del GOB, Margalida Ramis, por Manel Domènech, vecino de Canamunt y miembro de Ciutat per a qui l'habita, además de representantes de Terraferida y más miembros de estas asociaciones, Joan Forteza desgranó el contenido de su escrito. "No nos ha gustado que no se adoptara de manera inmediata la resolución de julio que fue aprobada con los votos a favor de Podem y de Més, y con los votos en contra de Ciudadanos y la abstención del PP y del PSOE", declaró. Sobre esta cuestión, el manifiesto acusa a los socialistas de presionar al resto de partidos y de encargar un estudio externalizado sobre la zonificación de Palma con una intención clara: "Sospechamos que el informe técnico es precisamente para cuestionar el acuerdo y mediante el ardid de la zonificación permitir, por poco que sea, el alquiler turístico".

"Nos preocupa que en esta zonificación se pueda permitir el alquiler en unifamiliares en espacios urbanos protegidos, que iría en grave detrimento en barriadas como es Pil·larí, Sant Jordi o Son Rapinya, que inevitablemente les haría perder su idiosincrasia y perderíamos el patrimonio cultural que tenemos, que es tener pueblos que son barrios de Ciutat".

Tras la presentación pública de su manifiesto, estas entidades harán una ronda por instituciones y partidos políticos para pedir "más sensibilidad" en este asunto.

Para los firmantes del manifiesto, el crecimiento de la actividad turística y el alquiler vacacional están directamente relacionados con la imposibilidad de que haya viviendas para todos los ciudadanos.

La respuesta de Cort

Biel Horrach, director de Urbanismo de Cort, declaró, tras conocer la amenaza de entidades vecinales y ecologistas, que el Ayuntamiento está estudiando la zonificación de Palma y "el punto de partida" es el acuerdo del pleno de julio.

"Se está trabajando en establecer indicadores muy objetivos. Es fundamental que la zonificación sea defendible jurídicamente. Por ello, es importante el trabajo de especialistas", comentó el director de Urbanismo sobre el estudio técnico que el Ayuntamiento ha adjudicado.