El equipo de gobierno rechazó ayer en el pleno del Ayuntamiento la solicitud presentada por el grupo municipal del PP. Dicha propuesta consistía en paralizar el proceso de demolición del monolito de sa Feixina hasta que no se hayan resuelto los recursos que se espera se interpongan por la decisión del Consell de Mallorca de no proceder a su preservación como Bien Catalogado.
Además, el Boletín Oficial de la Comunitat de les Illes Balears públicó ayer el inicio de la licitación de las obras de derribo del monumento al crucero Baleares en sa Feixina y la pavimentación del espacio resultante.
Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta las dos de la tarde del martes día 8 de agosto, fecha en la que se cumplen los 13 días establecidos en el procedimiento de urgencia aprobado por la junta de gobierno extraordinaria celebrada el pasado lunes.
La portavoz del PP, Marga Durán, pidió "prudencia" ante esta decisión y explicó que sería conveniente hacer una consulta ciudadana para tomar la decisión. Además, aseguró que el 85% de los ciudadanos no está a favor del derribo del monolito, por lo que deben ser "cautelosos".
El concejal de Ciudadanos Pedro Ribas explicó que apoyan "la propuesta del Partido Popular" y entienden que "la administración se tiene que comportar de forma responsable y actuar con racionalidad, no guiándose por los sentimientos". Los dos grupos en contra de la demolición de sa Feixina aseguraron que se llegará a los tribunales si es necesario para resolver el problema.
El concejal del Pacte LlorençCarrió tuvo que compadecer ante el pleno por petición del PP y Ciudadanos para dar explicaciones sobre por qué se había elegido al arquitecto Josep Quetglas para realizar el informe del monolito que, además, destacaron que tuvo un coste de 500 euros.
El concejal explicó que el elegido no fue un funcionario porque se requirió, por parte del Consell, un análisis específico, donde se detallaran posibles valores culturales y estéticos, por lo que se necesitaba un experto en la materia.
Por otra parte, Joan Ferrer, regidor de Movilidad, tuvo también que compadecer a petición de Ciudadanos al negar a la oposición el acceso al expediente del 'caso espionaje'. Los que le pedían explicaciones han calificado su actitud como "déspota y autoritaria" y destacaron la falta de transparencia.
