La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, presentó ayer en el pleno extraordinario del ayuntamiento de Palma la memoria del año 2016. Después de cuatro años sin esta figura, la Defensora tomó posesión de su cargo en julio del año pasado y, desde entonces, ha incrementado el número de expedientes recibidos exponencialmente. Moilanen destacó la voluntad de invertir en una Oficina de Defensa de los Derechos de la Ciudadanía "como resultado de una democracia que puede recibir críticas".

En la memoria del año pasado se registran más de 80 reuniones de trabajo efectivas (con partidos políticos, departamentos municipales y otras administraciones) y 152 expedientes abiertos. La Defensora explicó que se dedican a "investigar y resolver los problemas", y, en este último año, se han resuelto el 79% de los recibidos.

Además, detalló los orígenes de estos expedientes: el 22% corresponde a problemas relacionados con ruidos, el 17% a multas, el 14% a licencias de actividades, el 12% está relacionado con la Policía Local, el 10% con obras y el 9% con limpieza y recogida de residuos. El porcentaje restante está dividido entre servicios sociales, deportes, etc.

A través de la Comisión de los Derechos de la Ciudadanía, se han transladado al Consistorio algunas mejoras y recomendaciones. La Defensora señaló aspectos como la eficiencia para corregir una mala praxis, la dotación de los recursos adecuados a las necesidades de las áreas, así como la coordinación y comunicación entre las mismas, una buena planificación y un buen seguimiento de los decretos y resoluciones al ciudadano.