El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Joan Ferrer, guarda bajo llave el expediente abierto por la Agencia Española de Protección de Datos, que propone una sanción de 24.000 euros a la SMAP por la presunta revelación de datos sobre la utilización de vehículos por parte de concejales del PP y Ciudadanos. La concejala de este último partido y consejera de la SMAP, Patricia Conrado sospecha que, en realidad, la propuesta de sanción no es contra la empresa municipal, sino contra el concejal socialista. Por ello, ha solicitado hasta en tres ocasiones tener acceso al expediente, lo que le ha sido denegado, no de forma explícita, aunque sí implícita, otras tantas veces. Esta actitud ha provocado que haya solicitado la comparecencia del responsable municipal en el próximo pleno.
A la espera de acontecimientos sobre sa Feixina
El PP de Cort y del Consell están a la espera de acontecimientos sobre sa Feixina para decidir si finalmente interponen un recurso de alzada contra la decisión de la institución supramunicipal de no proteger el monolito y la de reanudar el expediente de demolición por el procedimiento de urgencia, adoptada por el Ayuntamiento de Palma. En Cort la portavoz conservadora, Margalida Durán, quiere esperar a si finalmente prospera su propuesta presentada en el pleno de mañana en la que se solicita la paralización de la demolición al menos hasta que se hayan resuelto todos los previsibles recursos que se van a presentar, mientras que el en Consell Joan Rotger también está barajando varias posibilidades de recurrir la decisión.