Nuevo capítulo en el pulso que mantienen los promotores del Gran Casino Teatro Balear con el Ayuntamiento de Palma. Ayer el gerente de la empresa, José Antonio Fernández, negó el acceso a los celadores de obras del Ayuntamiento quienes, por tercera vez desde el pasado viernes, no han podido entrar en las instalaciones para comprobar si se ha quebrantado la orden de precinto y si se han reanudado las obras, paralizadas el pasado día 19 de enero, por carecer de permiso municipal. De esta forma, los promotores de la infraestructura de juego suman tres posibles delitos de obstrucción y desobediencia.
A las once de la mañana de ayer agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local y funcionarios del Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Palma se personaron en el Gran Casino Teatro Balear. Para esta hora estaban citados el gerente de la empresa promotora de las obras, José Antonio Fernández, y el arquitecto Juan González de Chávez. El técnico anunció a los funcionarios municipales que había presentado su renuncia a la dirección de obras -cabe recordar que carecen de licencia-, mientras que el gerente se negó a que la comisión municipal accediera a las instalaciones.
Los funcionarios levantaron acta de esta nueva actitud obstruccionista por parte de la empres a y pusieron nuevamente los hechos en conocimiento del juzgado de guardia, recabando de la administración de justicia una orden inmediata de entrada.
El teniente de alcalde de Urbanismo de Cort, Jesús Valls, hizo un llamamiento ayer a los promotores con el fin de que la empresa cese en su actitud obstruccionista y colabore con la Administración.
Los celadores municipales quieren acceder a las instalaciones con el fin de comprobar si, tal como ha denunciado la competencia, se ha quebrantado la orden de precinto y se han reanudado las obras. Cuando puedan entrar al interior del Teatro Balear comprobarán el estado de las obras con el acta levantada cuando, a finales del pasado mes de enero, se procedió a paralizar los trabajos que se estaban realizando sin permiso y a precintar el local.
La orden de precinto, al margen de las pegatinas que se colocan, implica que nadie puede acceder al interior del establecimiento a no ser que cuente con un permiso expreso. Por ello, se considera irrelevante la polémica sobre si se han quitado o no las pegatinas de la puerta principal o de las laterales. Lo cierto es que cuando los celadores municipales acudieron el pasado viernes a inspeccionar el inmueble, tras la denuncia efectuada por Casino Playa de Palma S. A., comprobaron "ruidos compatibles con la realización de obras" procedentes del interior del local. También pudieron observar "sombras que se movían", y que la luz eléctrica estaba encendida.
Tanto los ruidos, como las sombras y la luz cesaron tras las llamadas de los funcionarios municipales. Tras no obtener respuesta por parte de los promotores para poder entrar pusieron en conocimiento los hechos del juzgado de guardia.
La misma situación se repitió el pasado lunes por la mañana, después de que, según fuentes municipales, se constatara que no hubo actividad el sábado y domingo. Ayer tanto el gerente como el arquitecto habían sido citados expresamente.
