La propiedad de la Casa Llarga demanda a Santandreu para que desaloje la finca

Los propietarios de la finca de la Casa Llarga, la familia Feliu Fernández, interpusieron ayer una demanda civil de desahucio en contra de Jaume Santandreu fundamentada en que el plazo pactado para la cesión gratuita de los terrenos ha finalizado y, "notificada fehacientemente la intención de la propiedad de no renovar el contrato", Santandreu "está en situación de precario y procede su desahucio", tal como indicó el abogado.

El plazo concluyó el sábado y dos días antes el responsable de la asociación contra la exclusión social Can Gazà y de los talleres ocupacionales de la Casa Llarga se encadenó a la finca para evitar el desalojo. De todos modos, está buscando una nave de alrededor de 2.000 metros cuadrados en el polígono de Can Valero o cerca de Can Gazà -ubicado en el Secar de la Real- para dar continuidad a los citados talleres y la tienda de segunda mano cuyos beneficios son destinados a la entidad, tal como avanzó ayer.

La familia informó en una nota de prensa que "se ve obligada, contrariamente a sus deseos iniciales, a emprender las acciones judiciales oportunas con el fin de recuperar la posesión de la Casa Llarga". Argumenta que, debido a "la actitud renuente de cumplir el compromiso" por parte de Jaume Santandreu, han presentado la demanda; y que "no se trata de ninguna resolución ni rescisión contractual, sino simplemente ha llegado el fin de la cesión" de la finca situada en la carretera de Valldemossa.

En el comunicado especifican que "la finalización del plazo fue recordada telefónicamente en marzo de 2014", en concreto al presidente de la asociación Can Gazà, Jaume Mateu, debido a que Santandreu se encontraba de viaje. Se le expresó "la voluntad de la familia de no prolongar la cesión y después, a finales de noviembre, fue comunicada de forma fehaciente, obteniendo como respuesta vía burofax un manifiesto firmado por Jaume Santandreu titulado Documento de batalla por la Casa Llarga, cuyo tono de ninguna manera responde a la buena fe en que se cedió inicialmente", hace seis años, tal como recuerdan en la nota enviada por la familia Feliu Fernández.

El responsable de Can Gazà justificó su acción reivindicativa por las "malas formas" utilizadas por la propiedad. "Nunca me avisaron personalmente, ni una palabra, el silencio más absoluto desde que llegué de viaje en abril hasta que recibí un burofax nada cariñoso el 24 de noviembre", en palabras de Santandreu. "Nos tendrían que haber tratado de otra manera. No me han dado ninguna explicación de por qué nos echan, aunque si fuésemos las Hermanitas de la Caridad no lo harían", argumentó.

"Salvar la filosofía"

El objetivo de la asociación es "salvar la filosofía de este lugar, encontrar un sitio donde seguir defendiendo la dignidad de los pobres. Estamos cansados de la beneficiencia, debido a que está malcriando a los marginados", afirmó refiriéndose a que "no hay que regalarles comida, ropa y un techo sin más", sino que Can Gazà les ofrece un trabajo para que se sientan realizados.

La tienda de objetos usados de la Casa Llarga, entre los que hay muebles, ropa, libros y juguetes, continúa abierta "con rebajas por liquidación" de lunes a jueves de 9 a 12 horas, los viernes y sábados por la mañana y por la tarde, y los domingos por la mañana.