El exjefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera, seguirá suspendido de empleo y sueldo por el caso de supuesto amaño de oposiciones. Pese a que el intendente recurrió contra las medidas cautelares que le impiden trabajar, los servicios jurídicos del Ayuntamiento palmesano han desestimado todas sus alegaciones y le mantendrán apartado del servicio.
El intendente Vera fue imputado en el marco de una investigación penal por las presuntas irregularidades en un proceso para ascender de agente a oficial de policía, en el que él presidió el tribunal de selección.
Tras la acusación formulada por la jueza de instrucción, el consistorio le abrió un expediente disciplinario. Además, como medida preventiva, procedió a suspenderle de empleo y sueldo al que hasta septiembre fuera jefe de la Policía Local de Palma. Esta decisión no solo afectó a Vera, sino también al resto de agentes imputados.
Vera presentó un recurso contra la decisión del Ayuntamiento. En sus alegaciones argumentaba que no se le había notificado la apertura del expediente disciplinario por haber cometido una falta muy grave, así que eso supondría que la suspensión de empleo y sueldo sería nula. El consistorio niega ese hecho, asevera que inició los trámites el pasado 17 de octubre -cuando a Cort le notificaron oficialmente las imputaciones- y afirma que "no se está de acuerdo con la argumentación" del intendente.
En su contestación, los juristas de Cort justifican la necesidad de que le hayan apartado de sus funciones por dos motivos: "Vista la repercusión mediática de los hechos que han dado pie a su imputación y la gravedad de los delitos que se le imputan, se considera que hay elementos suficientes para la aplicación de dicha medida cautelar".
La siguiente alegación de Vera razona qué ley se le debe aplicar para sancionarle por la falta muy grave: si una antigua de 2005 -porque los hechos se cometieron en 2012- o la actual, que entró en vigor a mediados de agosto de 2013. El registro del cuartel policial de Sant Ferran tuvo lugar el 12 de septiembre de 2013, y las medidas cautelares se adoptaron el 21 de octubre.
Tras un razonamiento de cuestiones puramente técnicas, los servicios jurídicos de Cort concluyen que las actuaciones realizadas hasta la fecha son correctas, por lo que desestiman también las pretensiones de Vera y reafirman su suspensión de empleo y sueldo durante medio año.
Hasta abril de 2014
Las medidas cautelares administrativas vencerán a finales de abril de 2014, si el Ayuntamiento no prorroga la suspensión de empleo y sueldo de los agentes imputados.
La legislación actual permite que el alcalde acuerde "la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procedimiento penal, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial y se podrá prolongar hasta la conclusión del procedimiento penal", es decir, hasta que haya sentencia o bien cuando se archive la causa.
La suspensión de funciones y sueldo de los agentes imputados fue una de las medidas incluidas en el decálogo del alcalde Mateo Isern tras la aparición del presunto fraude de las oposiciones en la Policía Local.
Uno de los puntos previstos era la creación de una comisión para revisar todos los procesos selectivos durante esta legislatura en la policía. El Ayuntamiento ha querido mantener en secreto tanto las reuniones y las averiguaciones de ese organismo, incluso también el nombre de sus cinco componentes.
El consistorio tampoco ha revelado hasta la fecha en qué estado se encuentra la suspensión de las oposiciones para la plaza fija de intendente, que quedaron en suspenso. Cort alegó en su momento que detuvieron el proceso de selección para "revisar el contenido del temario de la prueba", de acuerdo a dos recursos presentados por dos agentes del cuerpo municipal.
