El magistrado de lo penal 2 de Palma, Jesús Porfilo Trillo, ha condenado a penas económicas que suman 73.500 euros al promotor Fernando Palazuelo por un delito de coacciones en las personas de dos de sus inquilinos en el emblemático edificio de las Torres del Temple. El juez define la conducta del empresario como un caso de "mobbing inmobiliario", unas prácticas de acoso para forzar a los inquilinos a abandonar un inmueble, y deduce testimonio (ordena una investigación) por si Palazuelo y el arquitecto Juan Redón incurrieron en un delito contra el patrimonio al alterar sin permiso del Consell el protegido edificio.
Los hechos ocurrieron entre agosto de 2002 y febrero de 2004 y consistieron en una repetida serie de presiones que el empresario realizó sobre dos de los inquilinos del edificio, una vecina que ocupaba una vivienda y los titulares de una papelería abierta desde hacía años.
Según la sentencia, el promotor, defendido por María José Martín, compró a principios de 2002 el inmueble para reformarlo y transformarlo en pisos de lujo. Las víctimas entorpecían sus planes y decidió hacerles la vida imposible para que abandonaran El Temple.
Demolición de cubiertas
El acoso empezó el último fin de semana de agosto de 2002, cuando el promotor, "sin estar previsto en el proyecto de rehabilitación, ni solicitud de licencia" y "sin previo aviso, ni necesidad de riesgo de desplome", ordenó la demolición de las cubiertas de las torres derecha e izquierda.
El fallo añade que el condenado hizo abrir unos huecos en el tejado del edificio para que se colara el agua de lluvia a la casa y tienda de las víctimas.
La sentencia relata de manera pormenorizada las molestias e incomodidades que sufrieron los perjudicados, representados por el abogado Carlos Portalo. Los obreros mandados por el empresario se dedicaron, durante meses, a dificultar el acceso de la papelería y a verter continuamente agua encima de los enseres de los inquilinos.
El acoso llegó hasta el punto de colocar andamios y contenedores junto a la puerta del local, para impedir el paso de los clientes.
El juez explica que se trató "de un conjunto de actos de aparente atipicidad, pero de profunda conmoción sobre los arrendatarios".
La finalidad del promotor fue intentar llevar a los inquilinos "a un agotamiento" para aceptar resolver o renunciar a su contrato de arrendamiento.
Monumento protegido
La sentencia va más lejos a la hora de depurar posibles responsabilidades sobre lo ocurrido en El Temple y ordena una investigación por si el promotor y el arquitecto de la obra incurrieron en un delito contra el patrimonio. El magistrado resalta que el edificio está declarado monumento de interés cultural y goza de una especial protección. La sentencia también dispone que se investigue al arquitecto por supuestamente mentir en el juicio.
