Asesores

En todo este asunto del caso Koldo/Ábalos, y sin entrar en los aspectos específicos del mismo, suficientemente conocidos y comentados ya, hay un tema del que se ha hablado más bien poco, siendo la causa última de que puedan ocurrir esas cosas. Me refiero al papel que juegan los llamados «asesores» o jefes de gabinete y demás personal eventual o de confianza de los cargos públicos.

Como es sabido, en el caso que está de actualidad resulta que una persona, cuya formación y conocimientos en materia de transportes o de fomento eran nulos, fue nombrada asesor del ministro de Fomento, además de pasar luego a ocupar puestos en consejos de Administración de entidades públicas dependientes de ese Ministerio. Y, durante ese período, presuntamente, llevó a cabo gestiones y percibió comisiones por la venta de mascarillas durante la reciente pandemia (muchas de ellas inservibles para el uso o que ya han caducado, pero este es otro tema… que creo que traerá más cola).

Cualquiera que haya tenido ocasión de conocer un poco los entresijos de la Administración pública —estatal, autonómica o local— ha podido darse cuenta de que es habitual que la pléyade de asesores, coordinadores, jefes de gabinete y similares, que suelen rodear a los altos cargos (ministros, directores generales, consellers, etc.) sean designados entre militantes o simpatizantes del partido correspondiente —lo cual es lógico—, pero, en ocasiones, sin más mérito previo que la lealtad al mismo o la necesidad de ofrecerle un puesto de trabajo como premio a la actividad partidista que haya podido desarrollar en el pasado —lo que ya no es tan lógico—. Es decir, en muchas más veces de las que sería deseable, se trata de pago de servicios prestados o mera colocación de personas al margen de sus condiciones de idoneidad para el cargo.

Como dice Sergio del Molino en un artículo titulado La figura del asesor y los nuevos séquitos, en el que cita a Madame de Sévigné durante la Francia absolutista (El País 28-2-24), refiriéndose a esa clase de personal: «Concebida como un apoyo auxiliar, más técnico que otra cosa, ha acabado convertida en muchos casos en algo parecido a una corte que rodea y blinda a los cargos públicos, asumiendo algunas de sus funciones (desde la escritura de discursos hasta la interlocución informal con otros políticos y actores de la sociedad)».

Es ésta una carencia de nuestro sistema político que ha venido siendo aprovechada por todos los partidos sin excepción cuando acceden al poder, sin que, además, existan unas pautas regladas para muchos de esos nombramientos puramente discrecionales (que, a veces, acaban convirtiéndose en arbitrarios).

Si ello ya es suficientemente grave por sí solo, resulta que, además, en algunas ocasiones (muchas más de las deseables, también) el nivel de formación o experiencia previa de la persona en cuestión es inexistente o mínimo; sin que tenga ninguna relación con las funciones que, teóricamente, debería desempeñar el asesor. Principalmente, ofrecer consejo al órgano político correspondiente en el ejercicio de las materias que tenga encomendadas.

No olvidemos, además, que la Administración, como entidad objetiva al servicio de los intereses generales, cuenta, al menos en teoría, con las correspondientes dotaciones de personal funcionario conocedor de los sectores materiales en los que desarrolla su función. Es decir, se supone que los «expertos» vienen de serie, no hace falta traerlos de fuera.

En ese contexto, es claro que designar a personas carentes de conocimientos específicos en la materia de que se trate (o, incluso, de cualquier formación en general), puede conllevar, a la larga, riesgo de que sucedan cosas como las que ahora se están investigando. Es decir, que alguien trate de aprovecharse de ese puesto en beneficio propio o de terceros. Con lo que el riesgo acaba materializándose, como ha pasado ahora.