Privatizar las licencias urbanísticas

La licencia de obras es el acto administrativo reglado por el que se reconoce el derecho a edificar de un propietario siempre que se acredite el cumplimiento de las normas y planes que afectan al solar.

Las comprobaciones de este cumplimiento las realiza la administración competente, ayuntamientos, por medio de la emisión preceptiva de dos informes, técnico y jurídico, que valoran si las solicitudes, acompañadas, en general, del correspondiente proyecto técnico, se adecuan a las normativas vigentes. Estos informes los redactan y firman funcionarios municipales con titulación y conocimientos suficientes, demostrados en las pruebas de acceso a la función pública, a los que les afecta el grado legal de incompatibilidad que les impide el ejercicio libre de la profesión, como mínimo, en el ámbito del municipio.

El órgano de gobierno del consistorio, a la vista de los informes señalados, decide lo que estime procedente con la particularidad que si tal decisión se separa del sentido de los informes previos recae sobre los concejales, que así lo hayan votado, la responsabilidad (responden con su patrimonio) de las posibles consecuencias de una licencia mal otorgada.

En esta esquemática descripción se apoya uno de los pilares del municipalismo en España no solo por dar contenido a la competencia históricamente más consolidada sino también por ser la fuente de ingresos que más sostiene al funcionamiento municipal.

Ahora el Govern de les Illes (PP) anuncia- a bombo, platillo y con el inevitable acompañamiento de la patronal en los coros- que se va a sustituir, en el proceso de concesión de licencias de obras, el informe técnico municipal por una certificación emitida por una entidad colaboradora urbanística (ECU), privada por supuesto, con la excusa de reducir el tremendo retraso que existe para responder a las solicitudes de obra en los ayuntamientos (tienen un plazo de tres meses para resolver).

La privatización de los servicios públicos es la clásica fórmula que los liberales utilizan, con fruición ideológica, donde gobiernan sin que en ningún caso se haya demostrado que adelgazar a la administraciones, como practicó Margaret Thatcher y proponen Trump, Milei y Meloni, favorezca al conjunto de la sociedad ni mejore la prestación de tales servicios. Mejora, y mucho, la cuenta de resultados de las bien retribuidas empresas privadas concesionarias en detrimento de los recursos menguantes de los ayuntamientos

Estas ECU -algunas en las comunidades de Valencia se anuncian con la frase de la imagen que ilustra este escrito acreditativa de la naturaleza mercantil de la nueva regulación- comprueban si el proyecto técnico, que debe acompañarse de una cédula urbanística municipal obtenida por el peticionario en el ayuntamiento correspondiente, se adapta al contenido de la expresada cédula y emiten una certificación que desplaza al actual informe preceptivo de los arquitectos municipales. Todo ello lo único que garantiza es un nuevo procedimiento en el que se sustancia si el proyecto cumple con los parámetros de la cédula aportada, pero no, como veremos, que la licencia se obtenga antes sino que en su concesión intervienen distintos actores de muy diferente cualificación

Para agilizar un trámite, solicitud de concesión de licencia, se proponen tres : a) Solicitud y obtención ante el ayuntamiento de la cédula urbanística, b) Solicitud y obtención ante la ECU de la certificación de conformidad urbanística y c) Solicitud, de nuevo ante el ayuntamiento, de la licencia de obras previo informe jurídico municipal.

La conclusión que se deduce de este incremento burocrático es que lo que molesta no es el presunto atasco sino el informe preceptivo de los arquitectos municipales a los que pocas veces se les escapan las deficiencias existentes en los proyectos presentados.

No lo tendrá fácil el Govern para involucionar el municipalismo de la mayoría de alcaldes, muchos del propio PP, restándoles competencias e ingresos al falsario grito de unidad. De donde se ha implantado esta medida llegan noticias muy poco favorables para los ayuntamientos aunque ello seguro que no desanima a los privatistas que, después de la educación, sanidad, vivienda y ahora licencias, están maquinando para hacer lo propio con los espacios públicos más visitados.

Es lamentable que algunos partidos cuando llegan a las instituciones públicas se dediquen, después de subirse convenientemente el sueldo público que perciben, no a defenderlas y mejorarlas sino a desmontarlas. La muestra de que este viaje, a piñón fijo, entre lo público y lo privado, está muy extendido es que los neoliberales no están solo en el PP: El decreto de la Generalitat Valenciana es de 2020.

Ello no ayuda a resolver el dilema que plantea Wim Wenders hacia el final de su monumental película Perfect Days : Si las sombras se superponen, ¿se oscurece?