Un país, muchas sequías

Se acrecientan los efectos de la actual sequía. Las lluvias de las últimas borrascas son pequeñas gotas en un océano desecado. La sequía es un riesgo silencioso pero constante. En la actual coyuntura vemos llover uno o dos días y pensamos que ya todo está solucionado. Pero los días secos se van acumulando, las reservas se agotan mientras las demandas de agua son constantes. Ocurre, además, que en actual contexto de cambio climático —que hay quien niega por desconocimiento— lo cíclico acusa cada vez más las alteraciones de este proceso imparable que ya altera la circulación atmosférica en nuestra península Ibérica. En España la sequía es un rasgo destacado de sus variedades climáticas.

Pero están apareciendo con una frecuencia e intensidad mayor, porque la célula de Hadley se ensancha hacia el polo norte y el Anticiclón de las Azores gana posiciones sobre nuestras latitudes. España no tiene una única sequía meteorológica. Se pueden distinguir, al menos, hasta cinco tipos de sequía, incluidas las que padece el archipiélago canario especialmente en sus islas orientales. Hasta el litoral cantábrico, tan regularmente lluvioso, tiene su propia modalidad que ya manifestó sus efectos en 1989-90 con cortes de agua en el gran Bilbao. El área del sureste es la que las registra de forma más habitual. Cataluña tiene también su propia modalidad de sequía, que muestra en estos últimos años toda su intensidad.

Que llueva con flujos del Atlántico genera sequía en la fachada mediterránea; y viceversa. Aunque este último escenario es mucho menos habitual. Que llueva desde el sur apenas deja precipitación en el norte peninsular, y a la inversa. Cada tipo de sequía requiere un tratamiento diferente en su gestión y en la planificación de los recursos de agua para garantizar la seguridad hídrica en cada territorio. Luego están los diferentes niveles que puede alcanzar una secuencia de sequía. Ésta se inicia siempre como fenómeno atmosférico —sequía meteorológica—, continúa como merma de caudales y niveles en ríos, acuíferos y embalses —sequía hidrológica— y trasciende a la agricultura y ganadería que ven sus producciones menguadas —sequía agraria—. Por no hablar de los efectos ecológicos de las sequías, en los montes y humedales, en la proliferación de plagas, por citar solo algunos.

Cuando la sequía llega a la ciudad y se requieren disminuciones o cortes de caudal en el agua en los grifos se alcanza el máximo nivel. Se entra en lo que se denomina "fase de agobio", que depende de que el cielo quiera volver a ser generoso en lluvias, mientras deben adoptarse medidas de urgencia. Medidas que son siempre parches que manifiestan el abandono injustificable de la política hacia sus ciudadanos, por no haber desarrollado con antelación las soluciones posibles a una coyuntura atmosférica adversa. Es lo que se denomina "sequía institucional".

La garantía del suministro de agua en la ciudad y en el campo es —así debería serlo— la primera tarea de todo buen gobernante que se precie. Es una necesidad primaria cuya desatención genera daño económico, malestar social y siempre desafección de los ciudadanos hacia unas administraciones —estatal, autonómica, local— que no han sido capaces de planificar con tiempo la solución a un momento de dificultad. Y están también las posibles soluciones a la sequía; una cuestión que, como derivada de las diferentes posturas de la planificación del agua en España, está asimismo lamentablemente politizada. Trasvases, desalación, reutilización, explotación de acuíferos, incorporación de aguas pluviales, gestión de las demandas. El abanico de posibles medidas es amplio.

Tradicionalmente en nuestro país la falta de agua en un territorio se ha solventado con la aportación de nuevos recursos hídricos de dónde llegaran (acuíferos, trasvases, desalación). Con planteamientos simples se relacionan los trasvases con las ideologías conservadoras y la desalación con las progresistas. Pero comprobamos que en unas posiciones y otras hay disensiones. Una y otra son soluciones de oferta continuada de agua. Es cierto que en algunos casos es necesaria esta aportación adicional porque de forma natural apenas hay recursos disponibles en un territorio y éstos se han explotado hasta su extenuación. Las normativas europeas y españolas han ido modificando estas posturas poco respetuosas con el medio natural. Se prefiere ahora gestionar mejor los recursos existentes e incorporar agua dentro de un esquema de la economía circular (reutilización, incorporación de pluviales, eficiencia en la gestión).

No es permisible en el siglo XXI que el campo no disponga de contadores de gasto de agua o que en algunas ciudades se pierda más del 30% del agua distribuida por la red. No es aceptable que en España apenas se reutilice el 10% de toda el agua depurada y que no se mejore el nivel de la depuración a que nos obliga Europa. En el actual contexto de cambio climático la ciudad se va a convertir en un espacio productor de agua para el campo. Será necesario poner en marcha medidas de compensación tarifaria entre la ciudad y el campo. Va a ser muy difícil, prácticamente imposible, desarrollar nuevos trasvases de agua, salvo los que se produzcan dentro de una misma demarcación hidrográfica y previo acuerdo entre usuarios. La desalación, querámoslo o no, va a ir ganando protagonismo en el mix hídrico de muchas regiones del litoral sur y este peninsular y, por supuesto, en los dos archipiélagos.

Los esquemas de abastecimiento de agua basados en una única fuente —normalmente ríos o acuíferos— están condenados a pasarlo mal en la coyuntura climática. En definitiva, es necesario llevar a cabo una planificación y gestión del agua en nuestro país que sea cada vez menos dependiente de la lluvia, aunque suene raro. Porque estas lluvias son ya más irregulares en cantidad y calendario. Y lo van a ser más en el futuro próximo. Debemos llevar a cabo una planificación hidrológica que diseñe, siempre que se pueda, sistemas con fuentes múltiples de abastecimiento para el campo y la ciudad. Un país, muchas sequías. Por sus causas, por los territorios afectados, por los efectos en las actividades económicas, por las soluciones adoptadas —o no—, y por las propias ideologías que interpretan este proceso atmosférico. Un fenómeno que ha dejado de tener una periodicidad fija y la tendrá menos en el futuro próximo. Una coyuntura climática difícil cuyo arreglo solo debería tener un objetivo básico: el mantenimiento del bienestar de los ciudadanos y del buen estado de un medio natural que hemos transformado sin tener en cuenta el carácter limitante del recurso agua. Ahora pagamos las consecuencias. Unos efectos agravados por la falta de planificación hidrológica efectiva, valiente, moderna, adaptada a un contexto climático que va a ser cada vez más hostil.

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