La igualdad real

No hay duda de que lo de la propuesta, por el Ejecutivo, Ley de Amnistía, que porta en su título un nombre algo más rimbombante, ha levantado más que polémicas; todo el mundo que se precie opina sobre la misma. La norma no para de llevarse sopapos de más de uno, críticas, comentarios negativos y hasta algún exabrupto; una de los más enjundiosos comentarios en aquel de que la dicha norma conculca el principio constitucional de igualdad ante la Ley, ese que desea, pues no parece ya que prescribe, que los españoles son iguales (aquí casaría mejor escribir «deberían ser») ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Aquel principio, ahora en coma inducido, no solo establece una igualdad de trato para el justiciable sino que debe asegurarle que sus actos sean también enjuiciados de la misma forma sin atender al origen del ciudadano, sus motivos o, si me apuran, los intereses del momento o el territorio en el cual se cometen esos actos; no penen que no les voy a dar una disertación del contenido de la Ley y su interpretación y consecuencias, en este país tan recalcitrante ante la lectura faltaría a mi propia opinión si no aprovechara para aconsejarles su lectura completa, para que puedan ustedes mismos extraer sus propias conclusiones.

Pero está claro que en cualquier actuación humana, y la elaboración de una norma legal ciertamente lo es, pueden hallarse consecuencias positivas y hasta admirables. Les voy a proponer una posible. Es perceptible que la pretensión de la ley es dejar impunes a una serie de paisanos por unos delitos, que en otros lugares de la geografía nacional y por otros motivos siguen siendo punibles, en función de su estatus, en este caso y por lo que dice la letra de esa norma que mantengan una determinada querencia política como es la separación de una parte del Estado del resto del mismo; se pretende que un determinado número de ciudadanos gocen de inmunidad por su actos, descritos en la ley para los demás como delitos y que seguirán siéndolo si se salen, como se menciona en la dicha normativa, de un concreto plazo temporal. Es una norma pensada como un privilegio para los algunos definidos en ella, con exclusión de todos los demás que no cumplen con los requisitos sustentados por ella. En definitiva el asunto se trata de conseguir para algunos pocos la necesaria impunidad por sus actos que al resto de los españolitos no alcanza, en pocas palabras que la ley no se aplica en sus particulares casos, que son inviolables ante las actuaciones legales que se puedan emprender en su contra, que sus actos no contienen responsabilidad alguna; inviolabilidad y falta de responsabilidad que hasta ahora solo podía predicarse del Jefe del Estado. Recordarán los no escasos comentarios y opiniones que entre no pocos políticos se han emitido de forma harto negativa sobre este último privilegio legal; pues bien, paradójicamente, a partir de esta ley tendrán los mencionados en ella, y de forma benéfica, los mismos derechos de inviolabilidad y falta de responsabilidad que esa persona tan criticada y denostada por ellos mismos. Ya sé que se puede argüir aquello de que son supuestos distintos, que lo son, pero no me negarán que la resultante del artículo constitucional que declara inviolable penalmente al jefe del Estado y de esta nueva norma normativa olvidadiza es exactamente la misma, tanto el uno como los otros se hallan libres de pecado por ser vos quien sois. No me negarán que si no es una igualdad efectiva y real se le acerca mucho porque consiguen tanto para el primer ciudadano como para el último de ellos, siempre que éste sea independentista, la misma resultante de la ley.

Fuera de esperar y hasta deseable que los que van a salirse de rositas por la aplicación de una norma que les proporciona una determinada inviolabilidad penal y que tal parece se pergeña por la sola y exclusiva necesidad de un determinado inquilino de la Moncloa, para hacer valer un especie de tacita reconducción arrendataria, tengan el suficiente decoro y vergüenza torera en privarse, desde ya, de denostar el privilegio legal del jefe del Estado que, al igual que ellos mismos, les concede el privilegio de no ser considerados penalmente en igualdad como a los demás. Pierdan ustedes toda esperanza de que tal suceda.

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