Justo lo contrario

En reiteradas ocasiones he señalado que el hecho de que cada nivel administrativo se dedique a inmiscuirse en las cuestiones que corresponden a otro es una de las mayores carencias del sistema político-administrativo español -El principio de competencia, DM 21 y 22 de junio de 2023-. En un Estado organizado de forma descentralizada que ha de solucionar los problemas de una sociedad compleja como es la actual, es imprescindible que todos los poderes públicos actúen coordinados y cada uno en lo suyo. De otra manera, el resultado no puede ser más que catastrófico.

Pues bien, estos días los medios de comunicación han recogido la iniciativa del presidente del principal partido de la oposición en el sentido de que los alcaldes pertenecientes a ese partido se dediquen a firmar un comunicado en contra de la proposición de ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, de manera que los Ayuntamientos se vayan pronunciando en ese sentido. Sobre un tema que, ni de cerca, se refiere al ámbito de competencias municipales.

Creo que ese tipo de iniciativas, que pretenden utilizar como un totum revolutum el conjunto de capital político existente en cualesquiera instituciones con objeto de desgastar a los adversarios políticos, va justo en la línea contraria a lo que he apuntado en el párrafo precedente. Y ello, claro está, sin que esto implique defensa alguna de la conocida proposición de ley (sobre la que ya he dicho reiteradamente que se trata de una chapuza).

Es evidente que se puede estar en contra de esa amnistía, igual que discrepar de cualquier actuación, por muy grave e inconstitucional que se considere, y es lícito (y lógico) intentar por los medios previstos en el ordenamiento que la misma no siga adelante, pero, todo ello, en cualquier caso, respetando el ámbito de decisión de cada institución. Justo lo contrario de lo que se está haciendo.

Frente a ese tipo de «defensas» de la Constitución y el Estado de Derecho -que, según afirma el promotor de la iniciativa, están en serio peligro-, no me cabe duda de que la mejor manera de ejercer una verdadera defensa sería, precisamente, actuar con arreglo a sus principios y no saltándoselos mediante propuestas como ésta, que lo único que consiguen es tensar, aún más, la situación política de nuestro país. Y revelan no entender, en absoluto, como está diseñado nuestro sistema político-administrativo en el texto constitucional.

Es evidente que el regular funcionamiento de las instituciones exige que éstas se dediquen a los asuntos que les corresponden, y no a lo que, en cada momento y según conveniencia política, se le pueda ocurrir a uno de sus dirigentes.

No todo ha de valer para frenar al adversario, sino que, actuando así, puede perderse la razón objetiva que a uno le asista. Puede ser que, a plazo inmediato, esas iniciativas reporten algún tipo de ventaja, pero es seguro que, a la larga, suponen un debilitamiento del sistema que se dice defender.