El arduo retorno de Polonia a la democracia

Se temía que el partido Ley y Justicia (PiS) no aceptara la derrota, ya que sus dirigentes alegaron que habían ganado las elecciones y, como ha dicho Adam Michink en una entrevista concedida a Project Syndicate, «es muy difícil admitir la derrota cuando estás convencido de que estarás en el poder hasta el fin del mundo

El líder del PiS, Jarosław Kaczyński

El líder del PiS, Jarosław Kaczyński / Data Press

Antonio Papell

Antonio Papell

Como es bien conocido, una coalición progresista ha arrebatado a la extrema derecha el gobierno en Polonia. Se temía que el partido Ley y Justicia (PiS) no aceptara la derrota, ya que sus dirigentes alegaron que habían ganado las elecciones y, como ha dicho Adam Michink en una entrevista concedida a Project Syndicate, «es muy difícil admitir la derrota cuando estás convencido de que estarás en el poder hasta el fin del mundo. La arrogancia, la megalomanía y la falta de imaginación de los dirigentes del PiS vuelven a estar a la vista. El PiS obtuvo un muy buen resultado electoral: más del 35% de los votos. Después de lo que hicieron mientras estaban en el poder, no deberían haber obtenido una quinta parte de esos votos. Pero el resultado de estas elecciones es transparente: recibieron una tarjeta roja. No pudieron formar gobierno». Adam Michnik, líder de Solidaridad en 1989 y participante en la mesa redonda que puso fin al régimen comunista en Polonia, es el editor jefe de Gazeta Wyborcza, uno de los escasos medios hoy todavía independientes en Polonia, privados de publicidad oficial.

El líder del PiS, Jarosław Kaczyński, personaje sombrío y de arraigada religiosidad, tiene la lealtad del presidente de la República, Andrzej Duda, quien posee cierto derecho de veto. Y, como declara Michnik, «el bando de Kaczyński tenía dos escenarios. El primero era que ganarían la reelección y todo saldría según lo planeado. El segundo, si perdían, era minar el terreno político de tal manera que los ganadores no pudieran gobernar, es decir, conservando el control sobre los medios públicos, el poder judicial, los servicios especiales y las autoridades financieras. Para ello, cambiaron la legislación y tienen su propio presidente. El Tribunal Constitucional está completamente en manos del PiS».

Consecuentemente, el nuevo gobierno deberá mantener un peligroso y difícil equilibrio entre el cumplimiento de las leyes y al derecho de veto de Duda. «Por ejemplo —explica Michnik—, todos los nombramientos para las instituciones europeas deben ser realizados por el presidente, por lo que el nuevo gobierno dice: no podemos nombrar un nuevo embajador, pero podemos llamar al actual embajador en Varsovia para consultas y nombrar un embajador «en funciones». No hay otra opción. Está claro que este será un año muy importante de recuperación de las instituciones y del Estado para la democracia».

La extrema derecha hasta ahora en el poder en Polonia ha tratado en definitiva de dificultar el cambio. Está en juego la reversibilidad de la democracia, la posibilidad de que se produzca una alternancia real. En Suecia, en los pasados años 80, los socialdemócratas sacaron adelante una ley que ponía obligatoriamente una parte de las acciones de las empresas en manos de los sindicatos, lo que en aquella época, todavía de guerra fría, se interpretó como la propuesta de un cambio irreversible de régimen. Hubo una gran polémica en toda Europa que obligó a revocar aquella reforma.

En España, las alternancias han funcionado bien en términos generales. Se han producido roces, probablemente inevitables, pero la transferencia del poder se ha producido siempre con normalidad, sin resistencias. Pero hoy estamos observando ciertas maniobras de la minoría que paralizan el funcionamiento de ciertas instituciones de renovación periódica, en las que la oposición tiene un papel tasado por la ley. Es el caso del Consejo General del poder judicial, que se formó por última vez cuando todavía gobernaba Rajoy con mayoría absoluta. El PP se niega hoy a contribuir a renovarlo.

Sería absurdo insinuar siquiera que el PP no mantiene la adhesión debida a la Constitución, pero es sencillamente inaceptable que se tome en rehén un poder del Estado para conservar ilegítimamente parcelas de influencia mediante una apropiación que, en cualquier caso, deteriora no solo algunos equilibrios esenciales del sistema y perturba una zona muy delicada del espíritu constitucional. Es importante que se tenga en cuenta esta cuestión cuando, a lo que parece, el PP ya parece decidido a pactar con el PSOE una renovación del Consejo, bajo los auspicios de la Comisión Europea. Algunos pensamos que la escena de la mediación es ridícula, pero allá cada cual con sus pretensiones y con su prestigio.

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