Hoy sí toca

«Avui, això no toca», tiraba balones fuera ante la prensa el expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol. Hoy sí es el momento de defender a los jueces, pisoteados por Junts per Catalunya, la fuerza heredera del partido del poco honorable Pujol.

Han conseguido, por una carambola electoral, un papel protagonista en la política española. Han logrado una amnistía, aún nonata, para los líderes, mandos y clase de tropa del fracasado «procés», una tentativa de separar Catalunya de España trufada de teatralización, mentiras, cobardía y corrupción.

Mientras la polémica ley se tramita en el Congreso, y en espera de que la judicatura, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncien al respecto, los nacionalistas se comportan como el perro que muerde la mano que les da de comer.

Han intensificado una campaña que viene de lejos: sostener que lo que hicieron no fue delito y que los que les investigaron y enjuiciaron sí delinquieron y deben ser castigados. Proclamarse inocente es un derecho fundamental. Hasta ahí todo bien. Lapidar a magistrados y fiscales que han cumplido con su deber, han aplicado la Ley y son unos de los pilares del estado de derecho es ser antisistema. O algo más grave.

Míriam Nogueras, la portavoz en el Congreso de Junts, tiene un papel protagonista en esta estrategia. La diputada no se recata en señalar, con nombres y apellidos, a aquellos juristas odiados por hacer su trabajo. La también empresaria habla con desprecio y se refiere a los incluidos en sus listas negras como «esa gente», «que pagarán lo que han hecho».

ETA también se cebó en la judicatura y el ministerio público. La fiscal Carmen Tagle; el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente; el también fiscal Luis Portero; y el magistrado Fernando Mateo Lage, fueron algunas de las víctimas de la organización terrorista vasca. Fueron vencidos.

Detrás de los actuales secesionistas no hay grupos armados, gracias a Dios. No obstante, la dinámica de dinamitar el orden constitucional y amedrentar a sus guardianes es similar.

El partido de Carles Puigdemont siempre está reconstruyendo la historia. Trata de crear una mítica Catalunya independiente que nunca ha existido y de la que es heredero y guardián. Ahora intenta «juzgar» a los que, aplicando el Código Penal de una Democracia, les han enmendado la plana.

Los socialistas han aceptado crear en la Cámara Baja unas comisiones de investigación para analizar disfunciones, como la «Operación Cataluña»; protocolos de autodefensa del sistema, como las escuchas mediante «Pegasus»; y los atentados islamistas en Barcelona y Cambrils. Junts y Esquerra Republicana quieren aprovechar esos foros para su venganza contra la judicatura.

Una cosa son los chanchullos, ensoñaciones y corruptelas del comisario Villarejo (pendientes de juicios) y otra es que haya jueces prevaricadores para perseguir a los independistas. Algunos instructores pudieron ser engañados, pero actuaron de buena fe. También es legítimo que el Estado se defienda de sus enemigos internos, de los que lo quieren destruir con la excusa de una Arcadia perdida. Tampoco hubo mano negra en los trágicos sucesos de la Rambla de Barcelona, sus antecedentes y secuelas. Hay quien vive muy bien yendo de víctima.

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