No dan la talla

Decir que los políticos no dan la talla, a la vista de lo que sucede a todos los niveles, no deja de ser una obviedad. Es la consecuencia tantas veces analizada de un pésimo sistema de selección de representantes políticos: el sistema electoral proporcional de listas bloqueadas y cerradas decididas por las cúpulas partidarias, las de los partidos estatales y de los nacionalistas. El político debe su cargo no al votante sino al sanedrín que le ha colocado en una lista. Rinde cuentas ante las cúpulas y no ante el ciudadano. Su objetivo prioritario, en este sistema partitocrático de élites extractivas, es mantenerse en el cargo o conseguir otro mejor remunerado; sólo en segundo término figura la atención a las necesidades del ciudadano. Hoy, uno se incorpora a la política para tener un empleo que lo saque del paro o para mejorar su estatus económico. Por supuesto también figuran en la política individuos comprometidos con una ideología o con su propia ambición de poder. Pero para ascender en el escalafón desde la simple afiliación hasta puestos de responsabilidad no les queda otra que ir comprando voluntades de los necesitados. Es una cruenta lucha en la que se despliegan toda clase de artimañas, puñaladas y pactos turbios, en la que el que sobrevive y gana no es el más preparado, ni ético, ni moralmente superior, sino el más hábil en el uso de la navaja. Como puede suponerse, el altruista preparado no tiene nada que hacer en esa contienda descarnada. Los mejores cerebros emigran hacia otros destinos más condescendientes con el mérito personal.

Uno de los ejemplos negativos de la talla lo ha ofrecido el Govern de Marga Prohens por medio de quien pasa por ser su hombre fuerte, el vicepresidente Antonio Costa. Como ha trascendido, Costa, al parecer, es el hombre de confianza de la dirección del PP en Génova para asegurar la sincronía del equipo de Prohens con la dirección estatal. Costa ha admitido el error de haber nombrado como gerente de Ibetec, Telecomunicaciones e Innovación a un amigo suyo, Juan Antonio Serra Ferrer, incurso en un presunto delito de agresión sexual a una mujer en un restaurante del Passeig de Mallorca (un lametazo en toda la cara) y otro de lesiones (por un fuerte puñetazo) a uno de los policías que le detuvieron por los que se le piden un total de tres años de cárcel. El nombramiento fue posterior al pleno conocimiento de los hechos por parte de Costa. La reacción del Govern ha sido la prevista en esos casos: se admite el error, se piden disculpas y a otra cosa mariposa. Ha tenido que venir Cuca Gamarra, flamante secretaria general del PP a asumir los hechos como un error y bendecir las disculpas presentadas. Ahora toca al PP quedar en evidencia. La oposición de izquierdas exige su dimisión. Pero esto no salva la cara a sus acusadores de la izquierda llamada progresista. No están para presumir de nada los que sobrevolaron el escándalo de la prostitución de las menores tuteladas del Consell de Mallorca sin que se reconociera ningún error, se presentara ninguna dimisión y se negara aceptar ninguna comisión de investigación. Pero esto no puede suponer ninguna excusa para hacer el avestruz. Los pecados de los gobiernos «progresistas» no absuelven los del Govern conservador. El error no es tal, el error puede ser equiparado a equivocación. Y el caso no es equivocación. Costa conocía los hechos y los despreció en el convencimiento de que no serían conocidos («J. Antonio me aseguró que no se llegaría a abrir juicio»), con lo que al nepotismo que significa nombrar para ocupar un cargo público a un amigo, se le une el de nombrar, a sabiendas, como responsable de un servicio público, a un presunto delincuente, amparado en la convicción de que las acusaciones no tendrían trascendencia pública. No se trata de una ligereza de la cual puede uno librarse con unas disculpas, es el retrato de alguien de enorme peso en la gobernación de Balears que, al amparo del desconocimiento de la opinión pública, está dispuesto a transgredir las normas que su propio partido, él mismo y la opinión establecen. De ahí que su continuidad en el Govern esté en entredicho y también lo estén los valores de los que Feijóo presume. Prohens se apunta al cinismo de acusar a la oposición de usar a las víctimas para hacer política, la misma que pedía dimisiones e investigación por las menores tuteladas. Hay que ser muy caradura para eso y para decir que el tema no interesa a los ciudadanos. Es el permanente «y tú más» de la partitocracia.

Otros ejemplos los dan los concejales del ayuntamiento de Palma. Si Neus Truyol hace crítica política no se le puede responder con el «me gusta la fruta» de Ayuso. Lo que dice Ayuso puede entenderse por la demagogia y mentiras permanentes de Sánchez acusándola falsa y subrepticiamente de corrupción desde la tribuna del Congreso. Lo que no cuela es que Toni Deudero intente aprovechar que las palabras de Ayuso se convierten en virales para disfrazar un insulto a sabiendas contra una concejal de la oposición. Pero tampoco sale bien librada Truyol con su justificación de que ella al llamar fascistas a los de Vox no insulta, que tal apelativo es una categoría como comunista o ecologista. Miente o no sabe en qué consiste el fascismo. Vox es un partido que respeta y cumple la Constitución, aunque pretenda cambiarla a través de los mecanismos previstos en la misma. Es un partido nacionalista español, muy conservador, muy de derechas, presidido por un antiguo militante del PP amenazado de muerte por ETA. Llamarles fascistas no es una categoría como sí lo es llamar comunistas a los miembros del partido comunista, como Yolanda Díaz; como sí lo es llamar ecologistas a los partidarios del ecologismo. Si Truyol estuviera alfabetizada sabría que fascismo significa totalitarismo del Estado, anulación del individuo, y, como la ideología de Truyol, nacionalismo. Los insultos, sean del PP sean de la izquierda del PSOE o de Més, no son sino los motores de la polarización y de la división. Son la estrategia para impedir cualquier forma de colaboración política que aísle los extremismos. En el caso de la clerigalla de Més es la supremacía moral predicada desde el púlpito de la política. En suma, en tan difíciles momentos, en vez de empeñarse en resolver problemas públicos, los políticos del Govern y ayuntamiento de Palma se enredan en no dar la cara, amarrarse a las poltronas e insultarse; en demostrar inequívocamente que no están ni a la altura de los puestos que desempeñan ni de las necesidades de los ciudadanos.

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