Opinión | TRIBUNA

Sectarismo

El diccionario de la RAE define la palabra sectarismo como «fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o una ideología» y la empareja con conceptos como intolerancia, partidismo, parcialidad, dogmatismo…

Siempre he pensado que el sectarismo es uno de los principales problemas del sistema político español, ya que, de cada vez más, se ha ido extendiendo entre los partidos políticos la idea de apoyar a toda costa a los suyos y denostar a los adversarios. Incluso en el caso de actuaciones iguales o semejantes. Es aquello bíblico de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Creo que, en nuestro país, este fenómeno se ha ido acrecentando con el paso del tiempo, afectando también a los partidos de la «nueva política» más recientemente incorporados a la vida pública española (léase Ciudadanos, Podemos, Vox…).

Ello no sucede de la misma manera en otros países, sobre todo los de tradición anglosajona, en los que, ante un mal comportamiento de un determinado responsable político, suelen ser sus propios correligionarios los que van a pedirle que se marche. Véase lo que ha sucedido en el Reino Unido estos últimos años.

En España, por el contrario, cuanto más se metan con un dirigente de un partido, e incluso en el caso de que sea muy notoria su mala actuación, resulta que los propios salen en su defensa frente a las acusaciones de los adversarios políticos. Ello es lo más habitual y creo que, en nuestra cultura política, se da por asumido. Cuando, en realidad, no demuestra más que un comportamiento semejante al de los clanes mafiosos, que siempre defenderán a los suyos pase lo que pase. Que cada uno recuerde las películas en que hemos visto ese comportamiento y nos ha parecido normal, en el caso de la mafia, pero no debería serlo cuando se trata de partidos políticos, que, teóricamente, pretenden el bien común y no sólo el de sus integrantes o militantes.

Estos comportamientos sectarios se hacen más visibles cada vez que hay un cambio en el gobierno (sea en el Estado, una Comunidad Autónoma o un ente local), ya que los vencedores abordan el asunto como si se tratase de «un botín» a la hora de repartirse los cargos y demás prebendas, sin atender a otro criterio que la fidelidad a los dirigentes del partido. Donde eso se manifiesta muy crudamente -y es, a la vez, más desconocido por la opinión pública- es en el caso de nombramientos para cargos de dirección en empresas y organismos públicos, para los que, en teoría, deberían ser designadas personas con conocimientos en la respectiva materia y no, simplemente, afiliados o simpatizantes con algún contacto o a los que es necesario «colocar». Por desgracia, esto último es lo que suele suceder.

Ahora, con motivo del escándalo ocasionado por el caso del director gerente de una empresa pública autonómica cesado a causa de su implicación en una agresión sexual, creo que, además de lo vergonzoso del caso en sí mismo, se ha puesto de manifiesto, también, ese sectarismo al que antes aludía, pues para ser nombrado lo único que, al parecer, hizo falta fue ser amigo y paisano de quien iba a efectuar el nombramiento. Sin otra consideración ajena a esas circunstancias. Y esto, ahora, se ha destapado a causa del comportamiento que, presuntamente, tuvo con anterioridad la persona beneficiada con ese cargo.

Creo, por ello, que uno de los temas pendientes en nuestro sistema político (singularmente, en nuestra Comunidad Autónoma), además de la racionalización del número de entes, empresas y organismos integrantes del sector público, es el de conseguir que el nombramiento de sus dirigentes se atenga a criterios de profesionalidad, capacidad y mérito, y no, como hasta ahora, en base a razones de pura conveniencia política (o sea, sectarismo). Aunque sólo sea para evitar casos como el aquí apuntado.