Opinión

¿Tan frágil es esta democracia?

E l latiguillo «España se rompe» nos acompaña con dramatismo desde el siglo pasado con intermitente asiduidad. La ruptura tenía que haberse producido ya en innumerables ocasiones, que no voy a mencionar porque están en el recuerdo de todos. La penúltima ocasión en que estuvimos supuestamente al borde de la ruina fue cuando los indultos a los condenados del procés. Y ahora, la ruptura será todavía más descomunal –si es ello posible, porque las cosas solo pueden perder su integridad física una única vez- con la amnistía, que, como mínimo y según sus detractores, vulnerará la Constitución, romperá el principio de igualdad de todos los españoles, derruirá la regla de separación de poderes que inspira el parlamentarismo, producirá gravísimo descrédito a los jueces, hará a Sánchez cómplice de varias organizaciones terroristas y nos convertirá en el hazmerreír de Europa, así como de algunas otras potencias dispersas por el globo.

La institución de la amnistía es antigua, y puede decirse que, en un sistema parlamentario de división de poderes en que la soberanía popular reside en el Parlamento, consiste en la decisión soberana del poder legislativo de reparar un daño político, causado por la recta aplicación de Derecho por los tribunales, con el fin de superar determinado conflicto, de dejar atrás cierto desentendimiento colectivo o de emprender un camino nuevo que no esté lastrado por fracasos antiguos. En los últimos meses, hemos asistido a un desfile interminable de expertos que han explicado con el mismo ardor tanto la constitucionalidad de la amnistía como su inconstitucionalidad, por lo que es vano el empeño de obtener una certeza «técnica». Sí puede decirse, en cambio, que la amnistía es una institución común en todas las democracias y que, puesto que no existe una prohibición constitucional formal, será constitucional si los titulares de la soberanía deciden que lo sea.

La amnistía no vulnera la igualdad constitucionalizada en el artículo 14 ya que el criterio establece que las personas no pueden ser tratadas de manera diferente por las leyes si no existe una justificación fundada y razonable. A supuestos de hecho iguales, han de serles aplicadas unas consecuencias iguales también. Y en nuestro caso, la amnistía alcanzará a todas las personas involucradas en determinada causa política y judicial.

Tampoco es sensato afirmar que una amnistía «ofende» a los tribunales que condenaron a los amnistiados. Un tribunal aplica la ley vigente, y en este caso no es objetable la tarea realizada por los jueces, que han sancionado los delitos conforme a Derecho y con las penas adecuadas. La amnistía no devalúa ni afea esta apreciación: se limita a decidir que el Estado, magnánimamente, remite al olvido el desgraciado incidente que ha causado la fuerte perturbación cuyas consecuencias políticas y sociales todavía afectaban a la normalidad.

Dicho todo esto, es claro que cualquier ciudadano, cualquier persona natural o jurídica, cualquier partido o grupo, tendrá la opinión que considere adecuada sobre la amnistía. Es perfectamente legítimo opinar que quienes vulneraron a ley con la intención de promover la independencia de Cataluña han de purgar sus equivocaciones y sus incumplimientos de la ley sin la menor concesión a la magnanimidad. Como lo es también lo es que quienes, tras ponderar profundamente el asunto, y en muchas ocasiones tras cambiar de opinión (en los asuntos arduos, cambiar de opinión al profundizar en ellos es de sabios, y la frivolidad está en la inamovilidad, en la tozudez), pensamos que la mejor manera de remendar el Estado agrietado es el borrón y cuenta nueva. Máxime cuando es notorio que no ha habido violencia real, ni por lo tanto reclamantes que puedan sentirse personalmente dolidos.

La política democrática tiene sentido precisamente porque existe una pluralidad de opiniones, de ideologías, de tendencias, de credos en una sociedad madura, rica y plural como la nuestra. Y en cada caso, tenemos la herramienta, que es la democracia misma, que nos permite seguir hacia adelante, con la conformidad tasada de unos, con el disgusto también tasado de la oposición. Ya es hora de que en este país los partidos dejen de considerar una gran tragedia que gane el adversario. Y que dejen de afirmar que de no gobernar ellos, estaremos a un paso de un gigantesco diluvio universal.