España: difícil alternancia

Antonio Papell

Antonio Papell

Lo más inquietante de este proceso electoral de 2023 que ha discurrido desde el 28 de mayo (municipales y autonómicas) hasta el 23 de julio (generales) ha sido que la derecha, que no ha tenido empacho en naturalizar plenamente a la extrema derecha en ayuntamientos y comunidades autónomas, ha puesto en duda la legitimidad de la investidura de Pedro Sánchez, quien, pese a ser el líder de la segunda formación mas votada, ha conseguido el apoyo de otras organizaciones hasta lograr la mayoría absoluta de la Cámara Baja. La expresión «golpe de Estado» referida a la puesta en marcha de una nueva legislatura con exquisito respeto a los cauces constitucionales se está utilizando con una frivolidad absurda.

Feijóo ha llegado hasta la pirueta en la defensa de su «victoria electoral», que nadie discute: el PP obtuvo en las generales el 33,05% de los votos por el 31,70% del PSOE, una diferencia de algo más de 300.000 votos. Pero los 169 diputados que votaron a Sánchez el pasado jueves representaban a 12,6 millones de electores frente a 11,1 millones de la suma de Vox y el PP. En una democracia, gana las elecciones quien está en condiciones de formar gobierno.

Como es lógico, Sánchez ha tenido que negociar la construcción de un bloque progresista con todos quienes descartaban sumarse al binomio conservador, que incluye a una fuerza de extrema derecha, no homologable en la democracia europea y menos aún en la de este país, cuyo sistema político ha nacido después de cuarenta años de amarga dictadura totalitaria. La realidad es que el PP no tenía oportunidad alguna de lograr la mayoría necesaria (y de hecho, ya se vio que perdió la investidura cuando intentó lograrla en primer lugar) porque ninguna de las minorías de la cámara estaba dispuesta a ingresar en un ámbito de poder que incluyera a Vox. De modo que el PP, con solo 136 escaños no podía aspirar a atraer a más diputados ajenos que los 33 de Vox.

Lo grave del caso es que si se estabiliza este modelo de representación basado en cuatro partidos estatales —dos grandes y dos pequeños— y en otros cuatro de nacionalistas vascos y catalanes de derechas y de izquierdas, el PP tendrá los mismos graves problemas en el futuro para salvar este bloqueo, que se manifiesta en forma de un dilema insoluble: con Vox, el PP no gobernará; y sin los escaños de Vox, tampoco.

Así las cosas, no sería extraño que las fuerzas conservadoras arremetan contra, según ellas, tan inicuo sistema electoral, el proporcional corregido, que consagra la Constitución en los procesos electorales, salvo en la elección del Senado, institución que se constituye mediante el sistema mayoritario. Como es bien conocido, este modelo fue consensuado para celebrar las elecciones preconstitucionales de 1977 de las que emanó un parlamento constituyente, y la Carta Magna incluyó entre sus normas los «criterios de representación proporcional».

El temor a un intento golpe de Estado «blando» de la derecha por el procedimiento de cambiar la ley electoral no es gratuito, ya que una operación semejante está en curso en Italia, donde como se sabe gobierna la extrema derecha, liderada por Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, en coalición con La Liga y con Forza Italia, el viejo partido de Berlusconi, adscrito al PPE. La propuesta de Meloni es que la elección del primer ministro no sea parlamentaria sino por votación directa, y que cuando el partido ganador alcance el 30%, le será atribuido el 55% de los escaños de la Cámara Baja, con lo que, con el viciado argumento de la gobernabilidad, una minoría pueda imponerse en las instituciones a la mayoría. El PPE no ha puesto problemas por ahora a esta aberración.

La reforma italiana, que podría también implementarse en Eslovenia y que se parece a la que ha tenido lugar en Grecia (se otorga un plus de 50 escaños al partido ganador), está calcada de la que llegó a cabo Viktor Orban en Hungría. La Unión Europea tiene que reconsiderar estas desviaciones de la democracia para revertirlas cuanto antes y los Estados de la UE han de velar por la buena salud de sus sistemas de libertades. Hay que vigilar atentamente la ortodoxia.

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