Opinión | TRIBUNA

España: estado de la exclusión social y la pobreza

La negativa evolución de algunos indicadores que componen la privación material y social severa augura un proceso de regresión

En estos momentos de formación de un nuevo gobierno, con el pacto entre las dos fuerzas que posiblemente van a conformar el futuro ejecutivo: PSOE y Sumar, sus líderes declaran y se vanaglorian de la mejora social y de la protección a los vulnerables, y anuncian que este acuerdo es para continuar en la línea de los cuatro años anteriores de «mejoras» sociales. Y yo me pregunto ¿pero mejoras para quién?

El 17 de octubre se ha publicado el Informe AROPE 2023, es un buen momento para analizar las realidades de los datos, y no los relatos de los gobiernos.

La mayoría de estos datos están basados en fuentes oficiales como el INE, y homologadas con fuentes europeas. Hay que recordar, también, que las cifras corresponden al año anterior (2022) como es lógico, y, por lo tanto, no se ven reflejadas la crisis energética o la alta inflación alimentaria.

Así, el primer dato del último informe referido a España es que, en 2022, el 26% de la población española, es decir, unos 12,3 millones de personas, están en riesgo AROPE (éste mide el estar en pobreza, o en riesgo de exclusión social aunque no se haya entrado en el índice de pobreza), cuando cuatro años antes, en 2019, teníamos el 26,2%. Como vemos, la evolución positiva es de dos décimas, pero si lo comparamos con la agenda AROPE 2030 deberíamos estar en el 22%, por tanto, tenemos 1,8 millones de personas más en estado de pobreza o riesgo de exclusión (AROPE) que lo que establecen los compromisos o previsiones hechas. Además, la negativa evolución de algunos indicadores que componen la privación material y social severa (PMSS) que, como se sabe, se adelantan un año a las cifras de pobreza, augura un proceso de regresión si no se implementan medidas adecuadas y potentes.

Si nos centramos en el indicador tasa de pobreza, éste es del 20,4 % de la población española, es decir, unos 9,7 millones de personas. La misma cifra que en 2013, con un gobierno que aplicaba políticas de austeridad duras, por la crisis económica y financiera, mientras que ahora se cuenta con políticas expansionistas y de ayudas europeas, que comparto como acertadas, pero que no han servido para ayudar a los más vulnerables, por lo que, de progresistas, poco.

Todo ello choca frontalmente con el discurso oficial de progreso, por lo menos para algo más de la cuarta parte de la población, y si la diferencia entre la realidad y el compromiso en la agenda en 2019 era de dos décimas, cuatro años después es de cuatro puntos, o sea, 20 veces mayor.

Entre los 27 países de la UE ¿cómo está España en el índice AROPE? Pues claramente en el vagón de cola, el quinto con el índice más alto, solo por detrás Rumania, Bulgaria, Grecia y Letonia. España tiene 8,4 puntos porcentuales menos del que tiene el peor índice. Mientras el que tiene mejor índice nos lleva 15 puntos de ventaja y, por supuesto, alejados de la media en negativo.

La situación en las Illes Balears es mejor que la de la media española, con un índice AROPE del 21,5%, o sea, cinco puntos porcentuales menos que España, y estamos en el puesto octavo entre las 17 comunidades autónomas, cerca de la media.

La gravedad radica en que en 2019, el índice AROPE en nuestra comunidad estaba en el 15,1%, lo que suponía que había 179.000 personas en riesgo de exclusión; mientras que en el 2022, tenemos 254.000, es decir, 75.000 personas más en los últimos cuatro años. Y ha sido así con el escudo social venido de la UE y las políticas del Gobierno de España del PSOE y Podemos, cómo podemos estar tranquilos.

Esta caída de las Illes Balears no se corresponde con la estabilización de España. ¿Quién es el responsable, entonces, de este empeoramiento?

La mejor situada es C. F. Navarra con el 14,5%, por lo que nos lleva 7 puntos de ventaja, mientras que la última es Extremadura con el 36,9%, a la que aventajamos con 15,4 puntos.

Sobre el compromiso en la agenda 2030, tenemos 28.000 personas en riesgo de exclusión más de las previstas, cuando en 2019 teníamos 52.000 menos de las que contemplaba dicha agenda, por lo que ha habido un vuelco total en la situación en los últimos 4 años, y ha sido así cuando en el último año la renta per cápita en Baleares ha crecido un 11%, incremento muy alto, lo que significa que el colectivo vulnerable no se ha beneficiado de ello.

Si comparamos el índice AROPE de las Illes Balears y la media de la UE, es muy similar, ya que ésta es del 21,5%

Por ello, concluimos que la situación en nuestra Comunidad está en unos estándares, pero la tendencia es peligrosa, y exige un cambio de política social más eficiente y a corto plazo.

Hace pocos días la Vicepresidenta Nadia Calviño declaraba públicamente a raíz de unos anuncios de Repsol, que a los empresas nunca les había ido tan bien como en el Gobierno de Pedro Sánchez. Con estas palabras la Vicepresidenta nos contesta a la pregunta que hacemos, va bien a las grandes empresas, y mal a los vulnerables.