La ética de la necesidad
Tanto el PSOE como el resto de partidos están en su derecho de ignorar sus compromisos electorales en aras de la conformación de mayorías que permitan la gobernabilidad
El control de la Mesa del Congreso por parte de la mayoría progresista es una condición necesaria para mantener la expectativa de la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero no es una condición suficiente para predeterminar el resultado de la investidura. Sin embargo, la elección de la presidencia del Congreso de los Diputados ha supuesto un primer test que ya permite anticipar cuál será la dinámica de la decimoquinta legislatura que acaba de inaugurarse.
La candidata socialista, Francina Armengol, se ha impuesto a la candidata popular, Cuca Gamarra, gracias al apoyo in extremis de los partidos independentistas catalanes, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, un voto afirmativo que ha sido posible debido a la obtención de una serie de contrapartidas por parte del PSOE que hasta ese momento consideraba inconcebibles.
Este modus operandi deja entrever, al igual que ya sucediera en la anterior legislatura, que Pedro Sánchez, cuando lo necesita para mantenerse en el poder, hace de la necesidad virtud y se muestra muy permeable ante determinadas demandas que hasta entonces consideraba inasumibles y dispuesto a hacer insólitas concesiones. Lo hizo con Podemos, que de repente dejó de quitarle el sueño, y también lo hizo con el independentismo concediendo los indultos a los dirigentes condenados por el ‘procés’ y reformando el código penal para eliminar el delito de rebelión y modificar las penas por el delito de malversación.
No se interprete en estas líneas el mínimo atisbo de reproche. En nuestro sistema político, que es de naturaleza representativa, la idea de mandato imperativo está prohibida constitucionalmente, de modo que los representantes tienen formalmente las manos libres para llegar entre ellos a los acuerdos que consideren oportunos para configurar así la voluntad general. De modo que tanto el PSOE como el resto de partidos están en su derecho de ignorar sus compromisos electorales en aras de la conformación de mayorías que permitan la gobernabilidad sin más límites que los que se autoimpongan internamente y la rendición de cuentas con los votantes en las siguientes elecciones. Y en esta tesitura los hay que, siguiendo con la clásica distinción weberiana, actúan según la ética de la convicción, es decir priorizando unos sólidos principios con independencia de las consecuencias, y los hay que actúan según la ética de la responsabilidad, es decir teniendo en cuenta el contexto y las repercusiones de las acciones y por tanto se permiten ser más volubles.
En el caso que nos ocupa, sin embargo, no sorprende tanto el grado de volubilidad como lo caprichosas que se antojaban algunas posiciones previas vista la facilidad con la que se ha asumido el cambio de criterio. El acuerdo para la Mesa del Congreso supone la asunción de unas demandas largamente desatendidas en relación al catalán. Por un lado, la aceptación del uso de esta lengua en el Congreso, una demanda a la que los socialistas, catalanes incluidos, se habían opuesto históricamente (por razones técnicas) y cuya satisfacción no debía de entrañar demasiadas dificultades visto que la nueva presidenta se apresó a anunciar en su toma de posesión que a partir de ese momento los diputados se podrían expresar en las distintas lenguas cooficiales. Y por el otro, el compromiso de promover su uso en las instituciones europeas que se formalizó esa misma mañana por medio de una solicitud hecha por el ministro Albares.
Tantos años de reivindicación y tantos de negativa para que el asunto se pueda resolver en menos de una mañana revelan mucha arbitrariedad y muy poco compromiso desinteresado con el pluralismo nacional por parte del socialismo. Pero el acuerdo también contempla la constitución de dos comisiones de investigación a las que los socialistas se habían opuesto, una vinculada a los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 y la otra relativa al espionaje político con Pegasus y las llamadas cloacas del Estado. Y a su vez el compromiso con el fin de la represión relacionada con el 1-O por todas las vías legales, algo que desde las filas del independentismo se ha interpretado como una vía hacia la amnistía. De entrada, el PSOE lo niega pero el resultado final no parece depender de sus convicciones sino de su necesidad. Bienvenida sea.
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