Los franceses y la democracia continua
La democracia, un concepto acuñado en Grecia en el siglo V a. de C. y que significa el gobierno del pueblo, es un sistema de organización política que ha evolucionado desde el asamblearismo rudimentario de aquellos ancestros hasta las formas actuales de democracia representativa, semidirecta, en que la sociedad elige a sus representantes que escenificarán la dialéctica del poder en unas cámaras parlamentarias que se rigen por unas normas previamente acordadas. En 1762, a las puertas de la revolución francesa, Rousseau publicaba El contrato social, en el que el individuo es el eje: el hecho de que el ser humano decida vivir en sociedad, le obliga a proveerse de un estado de derecho en el que las reglas del juego provengan de una unanimidad originaria, a partir de la cual se obtiene un proceso político del que decanta la llamada voluntad general.
Simplificadamente, estas reglas de juego son las que conforman el sistema jurídico político, modernamente plasmado en una carta constitucional y en el ordenamiento. En el caso español, nuestra constitución se enmarca en los Tratados europeos, libre y voluntariamente asumidos por el pueblo español.
Así, de forma muy simplificada, la soberanía reside en el pueblo y este la delega en las instituciones representativas mediante elecciones periódicas que se celebran según la ley electoral vigente, que es asimismo materia constituyente porque es uno de los fundamentos del sistema. Por este método, las personas que ostentan la representación disfrutan del poder, dentro de los límites establecidos en las leyes. Pero se equivocaría quien creyese que una democracia parlamentaria cabal tan solo requiere la intervención del pueblo soberano en los hitos electorales que se celebran cada varios años. Una auténtica democracia es una democracia continua, en la que la ciudadanía, que genera la opinión pública, interviene constantemente con su influencia en el desarrollo de la cotidianidad.
Dicha opinión pública es un continuum establecido por el sistema mediático de manera informal pero no por ello irrelevante. Entre cada medio y su audiencia si establece un feedback permanente que transmite información en ambos sentidos y genera diversos vectores ideológicos que flotan en el espacio opinativo. El conjunto de todos los medios publicados en la totalidad de los soportes y en el ámbito de que se trate emite, en fin, en su contraste con la totalidad de la ciudadanía, una opinión pública plural que traza indicadores de diferente potencia, de manera que puede distinguirse con cierta facilidad la opinión predominante de las opiniones marginales y secundarias. En teoría, la demoscopia es la ciencia encargada de detectar dichas opiniones en los periodos intermedios entre las consultas electorales, que ofrecen lógicamente los únicos indicadores ejecutivos. Sin embargo, el observador político que se adentra en el vasto ámbito de la información y de la opinión mediáticas se hará también con relativa facilidad con una idea del rumbo que mantiene en cada momento la opinión pública. Y el buen gobernante no podrá ser ajeno a esta observación.
El compromiso esencial del representante ante los representados es el cumplimiento del programa que teóricamente ha sido convalidado en el contrato electoral. Y en ocasiones, el gobernante ha de asumir el riesgo de la impopularidad para adoptar medidas impopulares pero que persiguen un objetivo favorable para el común. Es el caso de Macron al defender contra viento y marea un retraso de dos años en la edad de jubilación de los franceses, tal como había comprometido en campaña y porque cree que este retraso es indispensable para lograr la sostenibilidad del sistema.
La obstinada negativa de Macron a revisar su proyecto ha generado y genera todavía desórdenes muy graves, impulsados por una opinión pública contraria al sacrificio. Por una parte, es digna de admiración la pertinacia del presidente francés, pero por otra no es razonable esgrimir la legitimidad de quien ha sido elegido personalmente hace apenas un año para negarse a cualquier negociación sobre un asunto tan controvertido. Macron debió respetar más a la opinión pública, y esta debió ser más consciente de la legitimidad de Macron para cumplir con la palabra nada. Ambas partes con su intransigencia han causado un daño grave a la República.
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