Opinión

Recurrente reforma del Senado

Estamos asistiendo a un claro deterioro de la política institucional de nuestro país, que llegó a estabilizarse durante la larga etapa del bipartidismo imperfecto y que se ha degradado con el pluripartidismo hasta extremos inquietantes. La cara más visible de este desorden es la imposibilidad de conseguir la renovación de los órganos constitucionales con cierta normalidad, una situación que nos ha deparado más de cuatro años de bloqueo del gobierno de los jueces y que se caracteriza por una incomunicación sistémica entre el poder y la oposición. El jefe del gobierno y el líder de la oposición no se hablan, ni siquiera mantienen los discretos contactos que facilitan la solución de los asuntos de agenda. Y cuestiones incluso nimias, como la pequeña reforma constitucional del artículo 49 para dejar de llamar «disminuidos» a las personas discapacitadas, avanzan dificultosamente en medio de una colosal desconfianza.

Por ello, y cuando el tablero político se ha convertido en un erial en el que no abundan en las propuestas de cooperación ni las conversaciones entre discrepantes, ha sorprendido la presentación por el PP de un plan de calidad institucional de 60 puntos que Feijóo pondría en marcha si llegase al poder durante los 100 primeros días de gobierno. Dicho plan, anunciado con grandilocuencia en Cádiz por el propio presidente del PP, está en parte pensado para desacreditar y corregir al actual inquilino de la Moncloa, lo cual es comprensible dada la proximidad de dos grandes procesos electorales, pero, también contiene algunas propuestas válidas que merecería la pena evaluar e impulsar… si no fuera por la sospecha de que el clima político actual no es el más adecuado para que fecunde fácilmente una negociación de Estado.

Sea como sea, es positivo que el Partido Popular traiga a colación la reforma del Senado, tras recordar que en las dos últimas legislaturas se han celebrado ponencias parlamentarias encaminadas a «dar mayor peso al Senado en todas las cuestiones territoriales» en contra de la pretensión actual de VOX, que desea regresar al Estado unitario. Se trataría —siguen diciendo los populares— de que el Senado debata «sobre las propuestas normativas que afecten a la distribución de competencias entre órganos centrales y autonómicos», de modo que todas aquellas políticas y proyectos de ley «de carácter eminentemente territorial tengan un procedimiento específico de deliberación y aprobación por parte de la cámara alta». La propuesta se corresponde con una iniciativa de Rajoy de 2017 en la que el expresidente ya planteó reformar los reglamentos internos de las cámaras para otorgar competencias al Senado en la elaboración de normas de contenido territorial.

En otras palabras, se trataría de llenar el contenido de contenido el art. 69.1 de la Constitución que afirma que «el Senado es la Cámara de representación territorial», y ello se lograría, de un lado, convirtiéndola en cámara de primera y única lectura en las leyes territoriales, y, de otro lado, encomendándole la gestión de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que regula la financiación autonómica, provincial y local, y que ha de ser preceptivamente revisada y renovada cada cinco años. «Se plantea analizar nuevas atribuciones para la cámara alta que le permitan fiscalizar la distribución de fondos públicos para competencias de carácter autonómico, provincial y local», se afirma en el escrito presentado.

Esta reconversión del Senado requeriría una reforma constitucional ya que la cámara alta es concebida en la Constitución de 1978 con una simple cámara de repetición, de modo que la cámara baja tiene siempre la última palabra. Sin embargo, el PP no desea abrir el melón de la reforma por cuanto teme que puedan colarse asuntos indeseados por los intersticios de tal revisión legal. Habrá que aceptar de momento esta prudencia pero nada se opone a comenzar la tarea por aquellos elementos que puedan orillar la reforma constitucional y realzar progresivamente el papel del Senado, cuya inoperancia actual constituye un factor de desgaste muy grave que desacredita el parlamentarismo y la política general de este país. Será muy difícil que las cúpulas de los partidos encuentren tiempo para semejantes menesteres, pero resultaría muy estimulante comprobar que a medida que ceden las sucesivas crisis, la política vez adquiriendo consistencia y envergadura.