El fiscal Juan Carrau es el autor de la frase «dejad a los tribunales su porcentaje de absoluciones», impartida a sus colegas más jóvenes y entendida como la necesidad de proseguir con celo la labor persecutoria, al margen de la decisión última de los jueces. Sin embargo, el teórico acusador que ha protagonizado los acuerdos más llamativos de los últimos tiempos no ha aguardado en el «caso Cursach» al veredicto de la Audiencia. Dado que incumple su propia doctrina, obliga a preguntarse si se adelanta al veredicto de las tres juezas por si tuvieran la osadía de condenar al acusado principal o a sus secuaces, inocentes a todas luces.
La fiscalía está a muerte con Cursach, a un paso de no proclamar solo la conformidad con las leyes de la conducta del magnate, sino de proponerlo como modelo social, faro luminoso que debería guiar la conducta de todos los mallorquines. «Yo estoy aquí de rebote», le dijo Carrau a Jon Sistiaga en la Audiencia durante las sesiones del juicio, por lo que nunca ha ocultado su inapetencia acusatoria al borde de la inanición. Es importante consignar que la impecable fiscalía de Balears que pedía treinta años de cárcel para unos jóvenes que arrojaron confeti, y a los que no supo ni identificar, exigía por boca de su representante en el caso de la mafia de la Policía Local la retirada del grueso de las acusaciones antes del comienzo del juicio. Solo la presión jerárquica ejercida desde Madrid conllevó el mantenimiento de las apariencias. Con su nerviosa decisión actual, es innecesario demostrar que Carrau pretendía que el juicio no se reanudara tras las cuestiones previas, de ahí el aldabonazo a sus intereses que supuso la continuidad del proceso ordenada por el tribunal.
El fingimiento hipócrita se ha cebado en los testigos que sufrían amnesias repentinas al declarar. En realidad, estaban salvando su piel, en un proceso que ha conllevado hasta tres condenas por agresiones a quienes habían dado su testimonio. Y los policías heroicos que se atrevían a consignar la evidencia de que las denuncias contra establecimientos de Cursach desaparecían en la burocracia municipal, recibían del propio Carrau la reprensión de que «eso son interpretaciones». Suerte que el agente aludido le replicó que no podía haber imaginación en lo que había contemplado con sus ojos.
Carrau pidió la prisión para Cursach y Tolo Sbert, ¿qué ha cambiado? El juicio no marchaba como estaba predeterminado y, ante la evidente incomodidad de los implicados, había que retirar a toda prisa las acusaciones a medio camino. En consonancia con los ciudadanos decentes que pagan los sueldos de los funcionarios presentes, la fusión a muerte de la fiscalía con Cursach es un escándalo procesal. El tribunal no ocultaba su sorpresa en el auto de continuación del juicio por la extraña marcha atrás del acusador público, pero también resaltaba que tan extraño comportamiento no podía recibir un reproche de la sala.
Juan Pedro Yllanes, a quien solo Podemos le ha conseguido el cargo de vicepresidente de Balears por fortuna en fase de extinción, ha decretado a raíz del «solo sí es sí» que todos los jueces y fiscales exhiben un comportamiento impecable. La corrupción, ya se sabe, es para las clases inferiores y Podemos llegó para consolidar el establishment. Por tanto, solo queda aplaudir los extraordinarios esfuerzos de la fiscalía para demostrar la inocencia de Cursach. Secuestró teléfonos móviles de periodistas en contra de la doctrina después establecida por el Tribunal Constitucional, imputó una falsa trama criminal a los investigadores del caso. Nadie puede sospechar incoherencia en un proceder que, de cabo a rabo, debía convencer a los ciudadanos de las supremas injusticias cometidas con los acusados.
Cursach saldrá a hombros de su juicio homenaje, y podrá reclamar una indemnización económica a la sociedad , a partir de una implicación tan absoluta de la fiscalía que un observador insidioso no sabría distinguir si es inocente de todos los cargos, o si la absolución se lleva a cabo con independencia de su comportamiento. Al retirar los cargos fundamentales a principios del proceso, garantizando casualmente que en ningún caso el multimillonario podía ser condenado a más tiempo del que ya ha pasado en prisión, llamó la atención que se presentara la acusación primitiva con groseras tachaduras que permitían leer sin problemas lo suprimido. Ahora que se han completado los borrones comprometidos, cabe recordar que aquellas presentación insultante de un escrito oficial no era descuido, sino la firme voluntad de expresar quién manda aquí y el peligro que corren quienes deseen apartarse del código sagrado de Mallorca. La ley del silencio.
