España ha avanzado con paso firme hacia la igualdad en los últimos 40 años. Según diferentes estudios, hemos escalado 12 posiciones en el ranking de igualdad de género de la UE. De esta forma, nuestro país se convierte en uno de los países que más ha avanzado en estas dos últimas décadas. La España que conocieron mis abuelas, cuya generación apenas accedió a estudios medios o superiores, ni gozaba de autonomía para tomar decisiones vitales sin el consentimiento de un varón, poco tenía que ver ya con el de sus hijas que avanzaron hacia la igualad a medida que avanzaban hacia la democracia, y mucho menos con el de sus nietas, que viven ya en un país con altas cuotas de igualdad. La consolidación de la democracia, el acceso a la educación, la imprescindible labor del movimiento feminista y las sucesivas leyes aprobadas por gobiernos progresistas han sido decisivos para este salto.
A pesar de ello, como en el resto del mundo, incluidos aquellos países indiscutiblemente líderes en igualdad, existen todavía resistencias profundamente enraizadas desde hace siglos que impiden avanzar con la suficiente velocidad en determinados cambios definitivos y que tienen su peor rostro en la violencia que aún hoy sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. La violencia sexual hacia las mujeres ha ocupado estos últimos días buena parte de las portadas de los periódicos fundamentalmente por dos razones: por nuevos episodios de violación en grupo a mujeres, algunas de ellas menores, y por la aprobación de una nueva legislación que cambia por completo el tratamiento de la violencia sexual poniendo en el centro el consentimiento como eje fundamental de las relaciones sexuales ejercidas en libertad y como base de la configuración del delito en el caso de violencia y agresión sexual.
Detrás del debate de esta ley, está la radiografía de un país que a pesar de su inequívoco avance en igualdad refleja elementos que nos deben preocupar y ocupar; 2,8 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida en el último año, y según Amnistía Internacional, se ha registrado un aumento de violaciones de un 34% respecto al año anterior. Los datos además indican que el 84% de las víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual son mujeres, y el 96% de los responsables de estos delitos son hombres. Esta realidad debe analizarse teniendo en cuenta otros datos, como el hecho de que, en los últimos años, uno de cada cuatro varones se haya iniciado en el consumo de contenidos pornográficos en internet antes de los 13 años y que el primer acceso a este contenido se adelante a los 8 años, principalmente por la «familiaridad» con las pantallas y el fácil acceso a la tecnología móvil. Un fenómeno, que, según diferentes estudios, está determinando claramente las relaciones sexuales entre los/as jóvenes.
En este contexto, garantizar como pretende la ley recién aprobada, una educación sexual basada en la información para ejercer las relaciones sexuales en libertad y en igualdad es vital, como lo es la limitación y prohibición de la publicidad de contenidos pornográficos y de prostitución, o la necesidad de combatir sin paliativos los estereotipos y las manifestaciones machistas y el tratamiento discriminatorio y vejatorio de las mujeres. A su vez, es también necesario tener una legislación clara, que evite algunas interpretaciones y pronunciamientos judiciales, como ocurriera con la violación grupal de la manada, generando una indignación y una movilización sin precedentes. Con la aprobación de esta ley, volvemos a dar un paso importante para conseguir que la violencia sexual, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, sea considerada un problema estructural de toda la sociedad, que permita abordar la causas de fondo de estos fenómenos, elimine cualquier resquicio de impunidad a los agresores, proteja a las víctimas a todos los efectos sin cuestionar su verdad y ayude a erradicar de nuestra sociedad una desigualdad persistente que aún hoy se manifiesta con su peor cara.
Una última reflexión, no resulta precisamente edificante volver a ver la división, el tono, ni los argumentos que algunos esgrimen en este debate. Banalizar los movimientos feministas, frivolizar el acoso, negar que exista una violencia ejercida específicamente contra las mujeres, o mantener que proteger a las mujeres resulte ser una persecución contra los hombres, explica en buena parte por qué a pesar de los avances cuesta tanto cambiar todo esto y llegar a la igualdad real.
