El conflicto catalán se encuentra claramente estancado tras el inconcebible error del nacionalismo, en sus distintas versiones, de haber intentado conseguir la independencia por vías burdamente inconstitucionales, impropias de una democracia avanzada. Conviene que se tenga esto claro porque no es posible establecer una equidistancia entre los errores cometidos por el bloque constitucional, que han sido políticamente abultados, y las infracciones de relevancia penal cometidas por los separatistas.
Así las cosas, el futuro, prisionero en todo caso del pasado reciente que no se puede cambiar, sólo puede abordarse con plena racionalidad regresando a los orígenes institucionales y procesales. Nos hemos dotado de una democracia irreprochable, con total legitimidad a ojos de la comunidad internacional, y esta clase de regímenes encierran en sí mismos el mejor método que se haya ideado para la resolución de conflictos. Por consiguiente, solo desde la legalidad democrática será posible desanclar la nave y avanzar hacia una solución. Una solución a la que solo se llega por un único camino: el diálogo, la negociación y el pacto dentro del marco del estado de derecho.
El PSOE, su organización catalana (el PSC) y las formaciones de izquierdas que han contribuido a formar la mayoría gubernamental en el Estado han apostado por la vía de la negociación, que, de recorrerse de buena fe, quedará más expedita si se alivian las penas de los condenados en el proceso por el 1-O mediante unos indultos que alivien unas condenas que, a juicio de parte de la comunidad jurídica, son claramente «desproporcionadas».
Ahora bien: resultaría letal para la buena salud del sistema que se confundieran los términos de este proceso que se pretende intentar: la negociación que se emprenda ha de partir de la base de que no habrá más transgresiones de la legalidad; de que no existe en nuestras maduras democracias el derecho de autodeterminación de una parte del territorio del Estado; de que ni siquiera tiene sentido sugerir que la presión popular puede alterar estas evidencias, que son la clave de la bóveda de la democracia misma.
Ya se sabe que las palabras se las lleva el viento, y por ello no hay que tomar muy en cuenta a la verbalización que hacen del asunto los nacionalistas. Con un desparpajo que alguno podría considerar irresponsable, el flamante presidente de la Generalitat menciona la amnistía y el derecho de autodeterminación, como si esto fuera una república caribeña. Y el pasado martes, la portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Noguera, desdeñaba el hipotético indulto y no solo entendía que los condenados por sedición no hayan pedido perdón y se hayan reafirmado en que volverían a intentar poner en marcha el proceso separatista en cuanto puedan, sino que señaló que los políticos de su formación que no están presos o fuera de España también «lo volverán a hacer». «No hemos llegado aquí para que nadie nos perdone», remachó.
Es claro que en un planteamiento realista de la situación no cabe supeditar el indulto a la humillación de los condenados, cuya ideología cabe perfectamente en el marco constitucional aunque no sea admisible su pretensión de imponerla por procedimientos extraños a la Constitución. Sin embargo, hay que decir alto y claro que la sociedad española no entendería tales indultos si no se supeditasen de algún modo a la explícita condición de que los nacionalistas renuncien a la ruptura, a la quiebra de la legalidad, al rechazo a un régimen impecable que Cataluña contribuyó a implementar con gran énfasis al mismo tiempo que el resto del Estado.
No tendría sentido que la buena voluntad de quienes sí están cobijados bajo el manto constitucional y utilizan las herramientas del Estado de Derecho para aliviar la tensión y facilitar los encuentros y las convergencias sirviera en realidad para facilitar el recrudecimiento de la crisis, el reavivamiento de las fuerzas centrífugas y la restauración de la enemistad. La negociación tiene sentido si se efectúa con respeto a las reglas. En caso contrario, conducirá irremediablemente a la melancolía.
