La precariedad laboral y la ausencia de un trabajo de calidad que garantice unas condiciones de vida dignas son, entre otras, características que definen la inserción laboral de las mujeres en nuestra comunidad. Veamos sino algunos datos: según el Instituto Balear de Estadística, las mujeres se sitúan en una tasa de actividad del 59,39% y los hombres 69,49%; mientras que la tasa femenina de empleo alcanza el 51,42%, la masculina es del 62,34%. En lo que se refiere a la temporalidad y la parcialidad, de cada 100 contratos temporales hechos a mujeres, 40 son a tiempo parcial, cuando en el caso de los varones solo llegan a 24. La tasa de paro femenino es del 13,41%, frente al 10,29% en el caso de los hombres. Estos datos son solo una pequeña muestra del impacto de las desigualdades construidas sobre el papel del género en el empleo, que impactan directamente y acentúan la brecha salarial. Brecha que se extiende a la protección social, en las prestaciones de desempleo, en las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, como colofón, en las pensiones: siete de cada diez pensiones no contributivas, que oscilan entre los 98 ? hasta un máximo de 392 ?, son percibidas por las mujeres.

Las mujeres sufrimos violencia sexual fuera y dentro del ámbito laboral. Se nos sitúa obligatoriamente en una posición minusvalorada e infrapagada en lo productivo (el mundo laboral) y en lo reproductivo, el mundo de los cuidados, el ámbito de la reproducción social. Es incuestionable el hecho de que la adscripción a la realización de las obligaciones de cuidados vinculadas al rol de género tradicional, obstaculiza, interfiere, o imposibilita directamente, sus carreras profesionales y su autonomía.

Esta construcción social, política y económica del genero se sustenta en una falta de corresponsabilidad de los varones y en unas políticas públicas que, a pesar de los avances y de las medidas puestas en marcha últimamente, no logran romper esas sólidas estructuras.

Después de trece años, muchas de las recomendaciones de la Ley de Igualdad del 2007 siguen en el cajón de las buenas intenciones; por ejemplo, el alcanzar un 40% de mujeres en puestos de alta dirección y en cargos ejecutivos, no solo en la empresa privada, sino también en la pública. Son sugerencias, por lo tanto, su incumplimiento no es sancionable.

La falta de conciencia y responsabilidad de las empresas en el desarrollo de planes y medidas de igualdad es flagrante. Precisamente este 8 de marzo de 2020 finaliza el plazo para que, aquellas empresas con una plantilla entre 150 y 250 trabajadores y trabajadoras, tengan aprobado este tipo de actuaciones. Eso sí, esta vez algo hemos avanzado, podrán ser sancionadas. ¿Qué han aducido las empresas para no llevar a cabo estas medidas? La dificultad de realizar una auditoria salarial. ¿Tan complicado es hacer una relación de cuáles son los salarios existentes y bajo qué criterios se cobran, o no, unos complementos determinados? Pero no solo las empresas; tampoco la administración incentiva el cumplimiento de su propio mandato; a fecha de hoy, ni siquiera se ha creado el registro central, ámbito en el que deberían depositarse los Planes de Igualdad. Mucho nos tememos que, por enésima vez, una norma positiva en su planteamiento, se quede en papel mojado.

Son estos algunos de los retos que el movimiento sindical y feminista tiene, tenemos pendientes. Queremos igualdad de derechos y queremos ejercer nuestro derecho a la igualdad. Y en estos momentos de irrupción de la extrema derecha -intentando y consiguiendo, a veces, normalizar falsedades y barbaridades que parecían superadas; pretendiendo fulminar todos los derechos conquistados por las mujeres; y relegarnos nuevamente, y en exclusiva, a lo que ellos llaman, inapropiadamente, ámbito doméstico- es imprescindible la confluencia en un movimiento fuerte de dos perspectivas que nunca pueden aparecer separadas.

Desde el sindicalismo feminista -o el feminismo sindical, que es lo mismo- compartimos la acertada opinión de la activista Nancy Fraser, cuando afirma que el feminismo debe (obligatoriamente añadiría) resquebrajar el neoliberalismo, atendiendo a las necesidades y demandas de las más desfavorecidas. Y por si quedase alguna duda, añade que tendríamos que batallar contra nuevos modos de subordinación, impuestos por el mercado, que intensifican la explotación laboral, disminuyen la protección social y presionan la reproducción social hasta una situación límite. Y esto es parte esencial del movimiento sindical.

* Secretària d'Acció Sindical i Polítiques Socials de CCOO de les Illes Balears