En febrero de este año el Parlament de les Illes Balears aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en cuya exposición de motivos se puede leer:

"Las Islas Baleares son la comunidad autónoma con más dependencia energética exterior y menos implantación de renovables. Además, el ratio de coches privados por habitante es superior a la media estatal.Según un informe reciente elaborado por la Universidad de las Islas Baleares, el archipiélago balear constituye el territorio que registra el índice de intensidad turística más alto de los territorios insulares del mundo".

Sabemos que varios megacruceros contaminan más que todos los coches de Palma juntos. También vemos casi todos los días con múltiples ejemplos que la saturación turística es un problema importante en los últimos años. Basta ver las calles de Palma cuando hay varios maegacruceros. Sabemos que todo ello causa daños irreparables a la imagen turística de la ciudad y a la salud y patrimonio de sus residentes.

También está claro que los maegacruceros aportan un beneficio económico importante a algunos empresarios de agencias de viaje, taxistas y a aquellos comercios orientados a los turistas que visitan la ciudad en pocas horas (heladerías, suvenires, etc) . Algo también deben aportar los cruceros al mismo Puerto de Palma ya que en 2018 registró un beneficio neto de la cifra de negocios de 46,2 millones de euros, según consta en su página web.

Para hacernos una idea aproximada del volumen de este negocio, basta con leer un estudio publicado por la Autoridad Portuaria. El 17 de Julio del 2018 vinieron con el crucero Symphony of the Seas 6.413 pasajeros, de los cuales 3.226 visitaron la ciudad. De estos, 1.248 cruceristas lo hicieron en autobús privado, lo que implica más o menos 20 autocares. Solo 56 lo hicieron en bus público. Otros 1.390 cruceristas lo hicieron en taxi, por lo que se necesitaron un mínimo de 300 viajes en taxi. Se entiende que en Palma sea muy difícil coger un taxi por las mañanas.

La Plataforma Social contra los Megacruceros, actúa por responsabilidad cívica con nuestra ciudad y nuestras islas, y por cumplir con el espíritu de la ley del cambio climático. Con el apoyo de notables personalidades nos hemos levantado contra este absurdo: mientras que por una parte nuestro Parlament aprueba una Ley de Cambio Climático debido a los riesgos que corren nuestras islas, las instituciones permiten la acción que más intensifica el cambio climático.

Hace dos meses lanzamos un manifiesto que fue firmado por más de 11.000 personas y solicitamos una reunión con las instituciones. Dos meses después nos ha recibido el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca. De momento la Autoridad Portuaria y el Govern no han tenido la ocasión, aunque sí lo ha hecho con las navieras, todas de capital extranjero.

Después de jornadas con expertos, estudios y debates sobre qué hacer, hemos visto que la mejor vía de solución del problema, ante tantos intereses enfrentados y tantos colectivos afectados, es la declaración de una moratoria. Esta figura jurídico-política se aplica con frecuencia, como se ha hecho por ejemplo con las grandes superficies, hoteles en el Centro Histórico, desahucios, etc. El objeto de la moratoria que proponemos es suspender temporalmente la contratación de los servicios portuarios de desembarco, embarco y amarre de cruceros y megacruceros en el puerto de Palma.

Dicha moratoria debería debería entrar en vigor inmediatamente, para poder realizar los estudios pertinentes que una comisión técnica, cualificada e independiente de las partes interesadas dictaminara, con el objeto de definir los límites de la capacidad de carga medioambiental, social y económica del turismo de cruceros y megacruceros en Palma y especialmente en su centro histórico.

Ya que parece ser, (aunque no tenemos ninguna prueba de ello) que la Autoridad Portuaria tiene compromisos comermerciales con las navieras hasta el año 2022, los cruceros y megacruceros que lleguen al puerto de Palma estos dos próximos años, (2020/2021), deberían aplicar las medidas de control de contaminación atmosférica, que ya se aplican en otras zonas como el mar Báltico o el mar del Norte, así como limitar las visitas al centro de la ciudad a no más de 4.000 cruceristas.

Por último, para hacer un seguimiento de las medidas que se tomen y sus efectos, se debería crear una Comisión de la Moratoria en el que estarían representadas: la Autoridad Portuaria de Balears, las instituciones autonómicas y locales, así como el sector empresarial y las entidades sociales proponentes. Con los datos encima de la mesa, las instituciones competentes deberían, o bien prohibir la actividad, o regular el números de cruceros diarios y anuales que puede recibir el puerto y la ciudad de Palma. Para los pesimistas que creen que esta moratoria seria negativa para la economía, lean esta otra cita de la Ley de Cambio climático y transición energética:

"La lucha contra el cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo energético suponen también una importante oportunidad económica y social. Varios estudios demuestran el enorme potencial de creación de puestos de trabajo asociados a esta transformación, así como una mayor competitividad asociada a los menores costes energéticos y ambientales del nuevo modelo."