Diario de Mallorca desvelaba hace una semana que la compañía aérea Iberia exigía realizar un test de embarazo a todas las mujeres que aspirasen a trabajar para la multinacional española. La medida -que ha merecido un buen número de críticas- ha sido velozmente retirada, previo pago de una multa de 25.000 euros impuesta por Inspección de Trabajo. En este sentido, hay que señalar que la compañía ha sabido reaccionar y rectificar. Pero la noticia también refleja la brecha que todavía existe entre hombres y mujeres a la hora de acceder al trabajo así como en el posterior desarrollo de la carrera profesional, a pesar de que se han conseguido notables avances en el camino hacia la paridad. Los estudios llevados a cabo en España indican que la tasa de actividad femenina se ha doblado en estos últimos treinta años y que más de un 40% de mujeres termina sus estudios superiores, frente al 35% de hombres que se capacita en la universidad. Sin embargo, todavía persiste una discriminación sutil que se detecta sobre todo en tres aspectos: primero, en una tasa de ocupación laboral inferior a la masculina; segundo, en una carrera profesional más corta (así como en una manifiesta escasez de mujeres que ocupen cargos directivos); y tercero, en una remuneración salarial significativamente menor a la de los varones. Son datos concretos que deberían servir para plantear un debate social sereno y objetivo. No se trata sólo de una indudable cuestión de justicia, sino que, tanto por peso demográfico como por capacitación profesional, lo lógico sería que la sociedad española contase con un mayor número de mujeres trabajando y que sus sueldos fueran idénticos a los de los varones. La economía nacional en su conjunto saldría además beneficiada.
Este debate público debería permitirnos plantear políticas de consenso que nos impliquen a todos. Por supuesto, las inercias culturales son potentes y la falta de medidas efectivas de conciliación familiar -a años luz de las que se aplican en los países nórdicos- dificultan este impulso social hacia una mayor igualdad de género. Ni los horarios de trabajo -extraordinariamente prolongados en nuestro país- ni los permisos por nacimiento -del todo insuficientes- ni la falta de flexibilidad laboral ayudan a lograr el necesario cambio cultural. Si la primera víctima de esta inercia es la mujer, los daños colaterales por otra parte son considerables. El invierno demográfico, por ejemplo, que ha hecho que España sea uno de los países más envejecidos del mundo, lo cual incide directamente sobre la futura viabilidad del Estado del Bienestar. O el fracaso escolar, una de cuyas numerosas causas pasa por reconocer que los niños no disfrutan lo suficiente de un tiempo de calidad con sus padres. Potenciar las políticas públicas de conciliación familiar; alargar los permisos por parto; flexibilizar horarios laborales; dotar a los municipios de un mayor número de guarderías, centros de día y residencias públicas de la tercera edad: todo ello facilitaría la modernización de la sociedad española. Pero, al mismo tiempo, resulta conveniente que los poderes públicos estén vigilantes e impulsen políticas activas que permitan reducir la injusta brecha laboral de género, sobre todo en términos de igualdad salarial y de un mayor desarrollo en la carrera profesional de las mujeres.
