Desde mediados del siglo pasado, el urbanismo de las ciudades y el crecimiento de la economía han ido de la mano del automóvil. Durante décadas estuvo arraigada la idea de que cuantos más coches se vendieran y más infraestructuras y recursos se dedicaran a ellos, mejor para todos. Muchos recordamos los terribles scalextrics que invadieron los cascos urbanos sin que a nadie le parecieran importar los graves perjuicios que generaban. Aunque todavía hoy sufrimos las consecuencias de aquellas políticas no olvidemos que el 80% del espacio público de las ciudades sigue dedicado al tráfico rodado, en los últimos años ha quedado patente que ese modelo está por fin agotado.

Por un lado, gracias a la decidida apuesta por el transporte público por parte de muchas administraciones, como es el caso recientemente del Govern balear y la ley de movilidad que está preparando, o el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) aprobado por el Ajuntament de Palma en 2014, y que el nuevo equipo de gobierno ha impulsado de forma definitiva estos últimos nueve meses, por ejemplo con una ampliación importante de carriles bici, que hoy ya alcanzan los 76 kilómetros, políticas tarifarias encaminadas a promover el uso del transporte público o la peatonización de calles en su apuesta por una ciudad más humana y sostenible. Por otra parte, la propia sociedad que ha incorporado nuevos modelos de movilidad más sostenibles social y económicamente. No sólo se ven cada vez más bicis por las calles sino que, ayudados de la expansión de los teléfonos inteligentes, se han popularizado enormemente nuevas formas de desplazamiento. Y para aquellos casos en los que el transporte colectivo no puede ofrecer una alternativa, mucha gente prefiere alquilar un vehículo por horas antes que destinar una cantidad disparatada de dinero a comprarse y mantener uno propio. La economía colaborativa ha llegado para quedarse. Y el transporte público, lejos de ver estas nuevas formas de movilidad como una amenaza, debe ser capaz de asumir que comparte con ellas los objetivos comunes de reducir la cantidad de coches y aspirar a un modelo de ciudad más habitable y humano, en el que los protagonistas sean los ciudadanos y el respeto al medio ambiente.

Hace falta superar el modelo del hormigón basado en la construcción de costosas infraestructuras, y empezar a diseñar uno nuevo en el que prime la movilidad de las personas y donde el transporte público actúe como elemento integrador. Las administraciones públicas son las responsables de impulsar y coordinar el cambio, estableciendo una regulación que asegure una competencia limpia y equilibrada entre todos los agentes que componen la movilidad. Y ese impulso debe empezar desde su propia denominación, desterrando los términos clásicos de "circulación y transportes" o "fomento", inspirados más en los derechos de los vehículos que en los de la gente. Sería estupendo que tuviéramos un ministerio o una consejería de Movilidad.

(*) Secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) *

* ATUC agrupa a las empresas de transporte público de España, entre las que se encuentran EMT Madrid, Metro de Madrid, TMB de Barcelona, Metro Bilbao, EMT Palma, entre otras, además de grupos nacionales como Alsa o Avanza.