Han caído por su propio peso. La gravedad de la acusación vertida por Luís Bárcenas, mediante videoconferencia, en la comisión de investigación de Son Espases, junto a la confesión realizada al fiscal por Javier Rodrigo de Santos, desembocan en un nuevo proceso judicial vinculado al caso Palma Arena. El juez Castro ya tiene una motivo más para amparar su intención de postergar la jubilación. En sus manos está el caso Over, el ramal mallorquín de Gürtel que intenta descifrar la presunta financiación irregular y los sobresueldos en el PP. Ardua tarea a la que ahora se incorpora el misterio sobre quién y cómo se pago la sede palmesana del partido.
Si atendemos a las explicaciones de Bárcenas y De Santos, no hay duda, lo hicieron directamente conocidos empresarios de los que, de momento, Bárcenas sólo ha dado el nombre del pontevedrés Antonio Pinal. Ya no es únicamente eso, sino que el fin superior del proceso de investigación es determinar si existieron vínculos directos entre los pagos empresariales y la concesión de obras y servicios públicos. El extesorero del PP desvinculó una cosa de la otra. De ser cierta tal separación surge entonces una pregunta inevitable ¿ A qué obedecieron las generosas aportaciones de los empresarios? Cuesta limitarlas al altruismo o la filantropía.
Por si no le bastara la investigación penal ordenada por la Audiencia, ante su veto a la concesión de nuevas farmacias, es una problemática que ahora mismo, en el peor momento posible, cae sobre las espaldas del president Bauzá, por mucho que él se esfuerce en evitarlo. Lo hace en un momento crucial de la precampaña electoral.
El actual mandatario no estaba en la época de autos. Es el argumento al que se aferra el partido con el propósito de que el nuevo escándalo no le salpique. Ayer, nada más conocerse la visita del fiscal al juez, la portavoz, Margalida Prohens, insistió en esta tesis, calificando de "absurdo" intentar vincular a Bauzá con cosas ocurridas en 2003 y actualizando su voluntad de colaboración con la Justicia. De todos modos, no se puede obviar que al actual president le corresponde mover todos los resortes internos para clarificar qué ocurrió. Bauzá, antes que ampararse en la traidora evasiva, debería ser el primer interesado en tener las cosas y las cuentas claras. Y exigir o asumir responsabilidades antes que instancias superiores le obliguen a hacerlo.
Es la única vía de salida de la que dispone. El amparo de la hipoteca que ahora se salda en cuotas mensuales se antoja argumento insuficiente, porque sirve para cubrir obras antes que la compra inicial. Con la táctica esgrimida, se ha llegado a la incongruente situación de ver cómo el president Bauzá, con todos los resortes del poder en sus manos, no puede considerar como suya la casa propia, la misma sede del PP que le sirve de cuartel general y sin la cual resulta inconcebible su férrea acción política. Urge un cambio de estrategia, por un doble motivo, porque la trasparencia es el único modo de regeneración disponible para el PP y porque esta sociedad ya bordea el límite de aguante de casos de corrupción.
