El Gobierno decidió en el último consejo de ministros comenzar anticipadamente la devolución del rescate de 41.300 millones de euros. Los primeros 1.300 millones de euros serán reintegrados en prueba de que este país ha salido del pozo de la crisis y para generar confianza en la economía española.
Se puede entender el interés político de esta decisión, que sin embargo debería generar polémica. Porque si sobra efectivamente este dinero como para anticipar la devolución, bien hubiera podido destinarse a reducir los copagos, o a mitigar los actuales recortes, o a ampliar el subsidio de desempleo, o a mejorar de cualquiera de los modos posibles el bienestar de los ciudadanos, muchos de los cuales están todavía postrados y a la espera de recuperación.
Además, produce perplejidad que el Gobierno empiece a devolver con cargo al erario público una astronómica cantidad que, en principio, debería ser reintegrada por las entidades financieras que se beneficiaron de ella. ¿Cómo puede justificarse que hayamos de pagar entre todos el rescate de unos negocios bancarios sin intentar siquiera el reembolso del dinero invertido?
