14 de enero de 2014
14.01.2014

Tensión en Euskadi

14.01.2014 | 06:30
Tensión en Euskadi
La cancelación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Estrasburgo ha complicado la estrategia gubernamental, arropada por los dos grandes partidos, relativa al desenlace de ETA. En síntesis, Rajoy y Rubalcaba han optado por mantener la máxima dureza frente al derrumbe de la organización etarra, al menos hasta que se produzca la entrega de las armas y la disolución de la banda, hitos que, con buen sentido, las formaciones mayoritarias no quieren jalear sino al contrario: el fin material del terrorismo será el último paso de un camino de derrota de la violencia a manos del Estado de Derecho español.

Lo cierto es que la salida simultánea a la calle de unas docenas de etarras, autores de numerosos asesinatos, ha alarmado a la opinión pública y ha reforzado el recelo de las víctimas del terrorismo, que teme que el final de ETA sea simplemente una especie de borrón y cuenta. Y es lógico que el Gobierno haya querido resaltar su firmeza para que no haya dudas sobre cuál es su posición.

Al propio tiempo, a medida que se aproxima el desenlace, se ha hecho patente la pugna, cada vez más manifiesta, entre la izquierda abertzale dirigida „desde la cárcel„ por Arnaldo Otegi, que ha promovido el final de la violencia y el abandono definitivo de las armas, y el sector más radical de ETA, reacio a la claudicación y, sobre todo, a la disolución de ETA mientras siga habiendo etarras en las cárceles. La izquierda abertzale ha conseguido últimamente que las salidas de prisión de los etarras más conocidos se hayan hecho discretamente, sin alardes, y, sobre todo, que el colectivo de presos etarras empiece a dar pasos hacia el acatamiento de la legalidad y el disfrute de beneficios penitenciarios. Sin embargo, hay resistencias, y a ellas se ha debido la operación de detención en Bilbao del equipo de abogados de Arantza Zulueta; esta conocida activista había tenido que claudicar con el cambio de posición de los presos, pero seguía represando la desmembración del colectivo y continuaba oponiéndose a la disolución de ETA.

Con todo, el Gobierno no puede desconocer que hace más de dos años que ha cesado la violencia terrorista, y que, aunque debe mantenerse la firmeza más contundente en tanto la banda armada no desaparezca, las cosas no pueden ser como antes, cuando ETA mataba y extorsionaba. Quizá no tenga sentido, a estas alturas, mantener en prisión a Arnaldo Otegi, preso por haber puesto en marcha el proceso que ha concluido en el fin de la violencia, y desde luego no es razonable ignorar judicial y políticamente que los márgenes de la libertad de expresión deben ampliarse en ese ámbito: hoy, pedir el acercamiento de los presos etarras al País Vasco no tiene el mismo sentido ni el mismo alcance que hacerlo cuando ETA seguía asesinando. Aunque irrite sobremanera que los amigos de los sayones hablen de "derechos humanos" para invocar ese acercamiento.

La reconcentración de este proceso, que por fuerza ha de desembocar en la desaparición de ETA, explica el estallido de la manifestación del sábado en Bilbao, que registró la convergencia "excepcional" y preocupante entre Sortu y el PNV en la exigencia de una política estatal más flexible. De hecho, la política de Fernández Díaz es cualquier cosa menos sutil, y es claro que no han de ser los sectores más ultramontanos del PP los que marquen al país los pasos inteligentes para terminar de apagar los rescoldos que todavía humean en el País Vasco.

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