El presidente de Madrid, Ignacio González, ha anunciado una rebaja de impuestos para el año próximo que representará una caída de la recaudación de 357 millones. En concreto, se rebajarán el IRPF, las trasmisiones patrimoniales en la compra de pisos de segunda mano y el gravamen sobre los actos jurídicos documentados. Este anuncio es ulterior a otros semejantes en Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana, todas comunidades del PP.

La medida ha encontrado abundante oposición. El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, correligionario de González, ha dicho que "no tiene sentido" que haya comunidades que ofrezcan bonificaciones, deducciones fiscales "u otras ventajas" con dinero de los valencianos, cuyo Gobierno autonómico no puede plantearlas porque tiene que cumplir el tope de déficit. Andalucía ve la medida "desleal". Canarias la considera "un mal ejemplo". Otros han señalado la contradicción que existe entre este anuncio y las recientes lamentaciones del presidente madrileño sobre el maltrato que depara el Estado a Madrid a causa de un sistema de financiación autonómico supuestamente injusto, que causa a Madrid un perjuicio sistemático de miles de millones de euros. Montoro, por su parte, ha declarado lacónicamente que "será que le sobra el dinero". Finalmente, algunas fuerzas políticas minoritarias han criticado que se bajen impuestos y que se suban desmesuradamente numerosas tasas.

La rebaja fiscal tiene evidente carácter ideológico, y por lo tanto clientelar. González, epígono de Esperanza Aguirre, olvida las ventajas de Madrid por la capitalidad -el regalo de la red radial de autopistas de peaje que va a ser rescatada por el Estado, por ejemplo-, y piensa que la bajada de impuestos es intrínsecamente buena y que agrada además al electorado ´natural´ del PP. De hecho, esta actitud neoliberal, conservadora, es la hegemónica hoy en Europa. Pero en la coyuntura actual debería dosificarse con cuidado.

En efecto, estamos todavía completando la consolidación fiscal, que obligó al PP a imponer subidas de impuestos contra lo anunciado en el programa electoral, y es claro que una rebaja de la fiscalidad animaría ahora la demanda y el crecimiento. Sin embargo, el ajuste que han llevado a cabo todas las administraciones para avanzar hacia la estabilidad perdida ha producido graves quebrantos al estado de bienestar anterior a la crisis. Ha aumentado hasta más allá de lo soportable el copago farmacéutico, las tasas universitarias se han disparado, se han reducido las becas, se han bajado los salarios públicos, las pensiones van a dejar de indexarse con el IPC, han caído las plantillas de docentes, de policías, de funcionarios de todas clases€

Así las cosas, cuando una parte notable de la población espera que la recuperación que se anuncia con tanto alarde permita reconstruir el sistema de protección social, hoy tan lleno de grietas, el gesto de bajar impuestos significa que se renuncia a tal designio. Lo que da la razón a quienes han afirmado, entre el escándalo fingido de los políticos populares, que este Gobierno aprovechaba la crisis para reducir drásticamente el tamaño de lo público y colmar así una tácita pretensión ideológica.

En definitiva, habría que ver si antes de tomar la vistosa medida de reducir la presión fiscal -según CC OO, la bajada del IRPF anunciada por González representará 55 euros de ahorro al año para las rentas bajas y más de 2.000 pata las altas-, deberían ponerse nuevamente en pie los dos grandes servicios públicos, sanidad y educación, hoy muy debilitados por la falta de recursos. Y luego, cuando la sociedad civil respire aliviada, quienes tengan aún sentido del humor podrán seguir debatiendo si bajar impuestos es de izquierdas o de derechas.