Una de las prioridades que se ha marcado el Gobierno de las Balears es obtener una mayor y más eficiente financiación europea que repercuta en nuestros ciudadanos con resultados y beneficios tangibles. Para ello, es fundamental que nuestras propuestas en defensa de la insularidad prosperen en Bruselas. Tanto el marco financiero plurianual como los reglamentos relativos a la política de cohesión, que fijarán el reparto de fondos europeos para el período 2014-2020, deben contemplar expresamente medidas y partidas específicas cuyo objeto sea compensar los sobrecostes a los que deben hacer frente las islas derivados de sus desventajas naturales y demográficas permanentes.

Estre nuestras propuestas destacaría la solicitud de modificar el reglamento que regula las disposiciones generales y comunes de todos los fondos europeos con el fin de que las regiones insulares cuenten con una partida diferenciada en el reparto de los fondos, de la misma forma que las regiones ultraperiféricas ya gozan de una partida específica. Este logro supondría para Balears dejar de estar incluidas en el enorme saco de las "regiones favorecidas" y pasar a recibir unos fondos concretos por su categoría de regiones insulares sin que se condicionara este reparto a su desarrollo económico. En este marco legislativo, y como la mayoría de regiones españolas, estamos convencidos en reclamar también que el PIB per cápita no sea el único criterio a la hora de fijar los fondos europeos, sino que se complemente con otros indicadores como la tasa de desempleo juvenil, el abandono escolar o el desarrollo tecnológico de la región.

En el mismo sentido, consideramos necesario para los intereses de las islas modificar el reglamento que regula el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para que reconozca el turismo como una de sus prioridades y por tanto sea dotado expresamente en el presupuesto de la Unión. Ello conllevaría a destinar una partida determinada para I+D+I en el sector turístico.

Y por último, no puedo dejar de referirme al reclamo de modificar el reglamento de cooperación territorial europea en lo relativo a la cooperación transfronteriza con el objetivo de eliminar el criterio geográfico de los 150 kilómetros para que las regiones insulares que comparten una misma cuenca marítima puedan optar a ser subvencionables o elegibles dentro de los programas de cooperación transfronteriza. Nuestro argumento principal es demostrar que estamos ante un criterio claramente arbitrario, la distancia en una frontera marítima no puede medirse con el mismo criterio que en las fronteras terrestres. Resulta evidente, que el mar constituye una frontera natural que separa regiones y países, independiente de la distancia que medie entre ellos, y no cabe duda de que la insularidad representa en sí misma una frontera. Balears se encuentran actualmente fuera de estos programas solo por el hecho de encontrarse a más de 150 kilómetros de distancia de Francia y de Italia. En definitiva, con la supresión de este criterio, Balears sería una región-provincia elegible dentro del programa operativo de cooperación transfronteriza "España-Andorra-Francia," que cuenta con una dotación de 158 millones de euros que provienen del FEDER para el período actual 2007-2013.

Estamos cada vez más cerca de lograr que esta petición sea una realidad. Contamos ya con el apoyo firme del Estado español, el Parlamento europeo, el comité económico social y europeo y la presidencia de turno de la Unión Europea que ostenta actualmente Chipre. Nos resta esperar al resultado de las negociaciones en el seno del consejo que serán claramente decisivas para nuestro futuro.